Este viernes, si nada extraordinario sucede, el IMSS de Mikel Arriola anunciará a las empresas que ganarán las seis partidas de la Licitación Pública Internacional LA-019GYR019-E56-2017, para proveer la seguridad de los inmuebles del instituto, sin importar los cuestionamientos y anomalías que se han documentado en contra del proceso.
Tal como lo dio a conocer El Heraldo de México, entre las irregularidades detectadas está el escaso tiempo con el que contaron los participantes para elaborar su propuesta, así como la vigencia del Testigo Social, cuya participación se constreñía a tres meses posteriores a la designación o, de lo contrario, quedaría sin efectos.
El 25 de enero de 2017, el Consejo Técnico del IMSS autorizó realizar esta licitación por un periodo de 36 meses con un presupuesto de 3 mil 271 millones de pesos. Pero fue hasta el 18 de abril, tres meses después, cuando se publicó la convocatoria en CompraNet y en el Diario Oficial de la Federación.
Así, y con tiempo suficiente para realizar una licitación imparcial, el IMSS dio sólo tres días para preparar la Junta de Aclaraciones, y menos de 14 días para que las 22 empresas interesadas entregaran su oferta, máxime cuando se trata de un contrato transexenal y que todo indica, a partir de 2018 será tomado por un gobierno federal diferente al actual. Es decir, el problema lo heredará la próxima administración.
Es internacional, por cierto, pero no hay posturas de ese tipo. Y una de las siete regiones, como también lo adelantamos, se queda sin seguridad. Se trata de la Partida 4, que incluye a Tamaulipas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí y Unidades de Alta Especialidad en Nuevo León. Ese concurso se declaró desierto. Nadie quiere meterse a cuidar a derechohabientes y médicos en esos lugares del país. "Es una región complicada", reconoció David Palacios Hernández, director de Administración del Instituto.
Además, hemos hecho notar que los costos fijos que supuestamente generarían ahorros de más de 189 millones de pesos, tuvieron que modificarse y ajustarse a costos variables, además de que no se puede amortizar el principal insumo de este servicio: el salario y trabajo de las personas contratadas por la empresas que ganen la licitación. Es decir, sufrirá seguramente incrementos y cancelaciones. Pero ese será problema del siguiente gobierno. Está claro. La bomba de tiempo no se ha desactivado.
Esta situación originó una disputa interna entre el equipo de Mikel Arriola y David Palacios, por lo que al parecer el Consejo Técnico podría anunciar cambios en el organigrama del instituto. Patricio Caso llegaría a la Dirección de Administración, lo que dejaría las puertas abiertas a que se concrete este millonario negocio que puede tener como beneficiarios a los dueños de las firmas Servicios Industriales e Institucionales y Protección y Alarmas Privadas, a las cuales el SAT de Osvaldo Santín debería investigar, no vaya a ser...
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Miércoles 4 de Diciembre de 2024