El gobierno de México está listo para seguirle la pista al dinero que ilegalmente circula a través de las gasolineras de este país: va contra las estaciones que servicio que venden el combustible robado con fachada de Pemex. Mientras se vive una guerra en Puebla y Veracruz contra los llamados huachicoleros, las autoridades aceleran sus acercamientos con empresas que desarrollan tecnología sofisticada para acabar con el tráfico de lo robado. Son empresas que desde hace más de dos décadas saben de estos problemas y que ayudan a las fuerzas de la ley de otras naciones a evitar que el patrimonio nacional sea saqueado impunemente.
Mientras que los diarios le dedicamos encabezados a los narcotraficantes y a la piratería, parecería que Pemex, que encabeza José Antonio González Anaya, y la Secretaría de Hacienda, bajo el mando de José Antonio Meade, están al margen de un problema que representa pérdidas para el país de 35 mil millones de pesos anuales. Pero no es así y esto no es exclusivo de México.
Desde hace décadas el tráfico de combustible robado y el fraude que se comete al alterar estos productos pasa casi desapercibido para el grueso de la población, principalmente de naciones desarrolladas. En México el combate frontal a estas prácticas ya arrancó.
Frenar el tráfico de combustible robado, ya sea evasión de impuestos, violencia o abusos de subsidios, ha dado como resultado en otras naciones, incluso de la Unión Europea, un inmediato impacto financiero positivo en los presupuestos de gobierno, sin golpear en los programas planeados para los ciudadanos.
Una de las empresas que desarrolla tecnología contra el robo de combustibles nos recuerda que cuando un gobierno despliega una estrategia exitosa para combatir el robo y los fraudes, los beneficios no se limitan a lo fiscal. Una gran fuente de dinero para el crimen organizado y los terroristas se corta de golpe. Hay molestia. Muchos misteriosos millonarios se quedan sin dinero. Muchas familias deben buscar trabajo. Muchos delincuentes deben volverse más violentos. Y muchos mexicanos sufrimos directa o indirectamente los costos de estos conflictos.
Mientras en México el discurso es el Ejército contra los huachicoleros, Europol advierte en la Unión Europea en su más reciente reporte (Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017, el llamado SOCTA) que el robo de combustible y los fraudes alrededor de este delito tienen una liga directa con el crimen organizado.
Para los desarrolladores de tecnología para detectar combustible robado esto no es una sorpresa, de acuerdo con un informe, pues han sido un socio silencioso de más de una docena de gobiernos en los últimos 20 años. En México, alguien detiene su entrada desde el gobierno. Seguirle la pista al dinero podrá dar muchas respuestas a lo que estamos viviendo como un simple pleito entre pueblos que ven en los ductos de Pemex vida fácil.