La corriente universalizadora de los derechos humanos iniciada después de la Segunda Guerra Mundial ha tardado en afianzarse en los países en vías de desarrollo.
Después de más de 60 años, en México se han impulsado una serie de reformas constitucionales en el ámbito de los derechos fundamentales, que alcanzó su culmen en el cambio de paradigma que representaron las modificaciones de junio de 2011, en cuanto a la definición y alcance de los derechos humanos, así como en el rediseño de la institución del juicio de amparo.
Dentro de las disposiciones trascendentes que apuntan el cambio del modelo –a uno más cercano, por cierto, a la democracia constitucional- se encuentran: el reconocimiento de la fuente internacional de los derechos humanos, el principio pro persona, la interpretación conforme, la obligación impuesta a toda autoridad para que se promueva, respete, proteja y garantice la dignidad de las personas, además de la procedencia del juicio de amparo por violaciones a derechos humanos.
Frente al nuevo diseño constitucional, nos encontramos con una realidad lacerante: desigualdades que impactan en la mayoría de la población, casos de tortura y desaparición forzada, un sistema de seguridad pública en crisis, prácticas burocráticas que desdeñan a la ciudadanía, oídos sordos de parte de las autoridades a las recomendaciones de las comisiones públicas de derechos humanos, impunidad, entre otros problemas, sin que hasta la fecha se cuente con un desarrollo legislativo, políticas públicas y prácticas concretas y efectivas en consonancia con las prescripciones constitucionales en materia de derechos humanos.
Es lamentable que pese al gran adelanto que ha implicado el contenido de nuestra Ley fundamental en el ámbito de los derechos humanos, a quienes les corresponde cumplirlo en el día a día no tienen la convicción ni el interés de honrarlo.
Con independencia de que las reivindicaciones que engendran los derechos humanos pueden ser atractivas para enarbolarse por los partidos políticos, como meras promesas en las campañas electorales, resulta urgente e indispensable que todos los órganos del poder público, sin excepción, asuman con seriedad el imperativo constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todos.
ARTICULISTA INVITADO
Armando Alfonzo Jiménez
* Constitucionalista. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información [Amedi]