La detención en la Ciudad de México de Dámaso López Núñez, alias El Licenciado, pone en blanco y negro una cruda realidad: lo poco que la justicia mexicana ha intervenido las estructuras financieras del narcotráfico.
López, nacido en Culiacán en 1966, mantuvo una vida pública hasta 2001, cuando se le vinculó como clave en la red de protección que permitió a Joaquín “El Chapo” Guzmán primero mantener control sobre el penal de Puente Grande, en Jalisco, y luego fugarse en 2001, ante la cercanía de un proceso de extradición a Estados Unidos.
Aunque después de la fuga varios trabajos periodísticos le ubicaron como un miembro en ascenso en el cártel de Sinaloa, solo en 2010 la Procuraduría General de la República anunció en el Diario Oficial de la Federación que había asegurado dos propiedades a sus hijos, de apellidos López Serrano, en las cercanías de Culiacán.
En Estados Unidos, pasaron 11 años desde la fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande para que la Corte del Distrito Este de Virginia encausara a López, por cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y lavado de dinero. Los cargos, emitidos por un gran jurado, no reconocían las etapas tempranas de su actividad criminal, sino delitos cometidos desde 2007 en México, Perú, Panamá y Estados Unidos, según documentos de esa corte.
En la acusación por la que ahora López será extraditado, estaban incluidos tres cómplices. Dos de ellos fueron eliminados del caso el 28 de marzo de 2017. El primero no fue identificado por su nombre, sino únicamente apodado “El Gordo”. El segundo fue Raúl González Sáenz, condenado en 2014 a 23 años de cárcel en Perú, como cómplice del cártel de Sinaloa.
En 2012 la Oficina de Control de Activos Extranjeros de ese país (OFAC, por sus siglas en inglés) enlistó a López como un operador de lavado de dinero para el cártel. La lista incluyó dos casas de supuesta operación del grupo en Culiacán. Una fuente del gobierno mexicano con acceso a dicha información confirmó para esta columna que los inmuebles no fueron incautados.
Su hijo, Dámaso López Serrano, apodado como “el Mini Lic.” tiene pendientes órdenes de aprehensión por delitos contra la salud y delincuencia organizada, pero nunca ha sido detenido, según confirmaron a esta columna fuentes de la PGR.
Ni las autoridades de México ni las de Estados Unidos le han incautado propiedades, dinero ni cuentas bancaria, no existe una acusación en su contra en Estados Unidos, no está enlistado en la lista de la OFAC ni se ha anunciado algún pedido de extradición.
La merma financiera para este joven, a quien se le atribuye parte de la violencia que se ha generado al interior del cártel por la sucesión del Chapo Guzmán, ha sido, apenas, la incautación de una cuatrimoto y dos camionetas.
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*Periodista de investigación. Reportera en la unidad investigativa de Univision Noticias. Puedes contactarla en penileyramirez@univision.net