No hay visita a Texas o a California, en la que sus autoridades o empresarios relaten una anécdota, compartan una estadística o sorteen un chiste para afirmar quien de los dos, es el socio más importante para México.
Los números hablan por sí solos. Texas es el primer socio comercial de México en Estados Unidos y México lo es para Texas. El 60% del comercio bilateral atraviesa la frontera con Texas y más de 463 mil empleos en ese estado dependen de dicho comercio. Pero Texas es el segundo estado receptor de migrantes indocumentados: 4.3 millones de inmigrantes residen ahí, de los cuales, 1.7 millones son indocumentados y de estos, 71% son mexicanos. Y pasada la crisis antiinmigrante que en 1994 catalizó la Propuesta 187 en California y frente a los discursos nativistas y distópicos de hoy, California recibe al mayor número de migrantes indocumentados (2.4 millones) e instrumenta políticas públicas tolerantes que incorporan las contribuciones de la migración.
Texas por el contario, no cesa de sorprender. La caja de pandora que ha caracterizado la falta de una reforma migratoria integral se volvió a abrir el 7 de mayo con la promulgación de la ley SB4, que entrará en vigor el 1 de septiembre. Al igual que la SB1070 de Arizona, permitirá a los agentes de procuración de la ley preguntar sobre el estatus migratorio de las personas que detienen sólo por el simple hecho de suponer —por ejemplo, a partir de sus características raciales o su acento— que se encuentran en el estado sin papeles.
Se trata de una de las legislaciones antiinmigrantes más draconianas que coincide con un gobierno en Washington que busca acabar con las ciudades afables a la inmigración --erróneamente tildadas “santuario”— y facilitar las deportaciones.
Pero lo más sorprendente es que el liderazgo republicano texano no haya hecho un análisis costo-beneficio de la SB4 cuando réplicas en Arizona, Alabama y Georgia fueron el experimento más acabado del fracaso. Arizona fue víctima de un boicot que causó que el sector turístico perdiera, en un solo año, 490 millones de dólares en ingresos y 3,000 empleos. Cerca de 110,000 latinos –que pagan impuestos—se reubicaron en estados vecinos. Peor aún, Arizona quedó estigmatizado como un estado racista y xenófobo representado en figuras deleznables como el Exsherif Joe Arpaio.
Complejo entender por qué ahora Texas promulga la SB4 cuando la Suprema Corte y cortes federales de EUA desecharon la SB1070 y sus símiles en Alabama y Georgia por anticonstitucionales.
La Cancillería cuenta con una gran acervo de buenas prácticas, recursos legales y aliados para atender a los connacionales frente a la SB4. Seguramente fueron robustecidos durante la reunión que presidió el Canciller Videgaray con los once cónsules en Texas. Una lección que conviene rescatar de la crisis de la SB1070 y de otra en Texas durante la administración del entonces Gobernador Perry tras los casos de los mexicanos sentenciados a pena de muerte, es la importancia de nunca romper el diálogo con las autoridades estatales y locales de EUA. El bienestar de los mexicanos en estados pivote como lo es Texas, va de lo local a lo federal y la comunicación cotidiana, técnica pero también la de alto nivel es por demás, toral.
Espero que el destino final de la SB4 sea el mismo que el de sus antecesoras, ya que ha quedado claro que en ausencia de una reforma migratoria integral, cualquier iniciativa estatal que atente contra los derechos de los migrantes y detone miedo seguirá sin prosperar.