Este martes 23 de mayo se espera que alrededor de 20 empresas que participan en la Licitación Pública Internacional Electrónica LA-019GYR019-E56-2017, para el servicio de seguridad de más de cuatro mil instalaciones del IMSS, al mando de Mikel Arriola, entreguen sus propuestas técnicas y económicas en un ambiente plagado de suspicacias.
En este mismo espacio, hemos documentado desde aplazamientos en las fechas originales marcadas en el concurso; así como miles de cuestionamientos por parte de los participantes e inconformidades ante el OIC; y ya ni hablar del llamado de legisladores del PAN, de Ricardo Anaya, MORENA de Andrés Manuel López Obrador, y del Partido del Trabajo (PT), de Alberto Anaya, para señalar la falta de transparencia en el proceso transexenal.
Lo último que se sabe es que al interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que comanda Arely Gómez, están molestos porque tras ventilarse la existencia de irregularidades en la licitación, tendrán que respaldar al equipo de Mikel Arriola para validar al testigo social seleccionado en este concurso.
Así, la principal labor de la SFP, de acuerdo con los actores involucrados en la licitación, consistirá en intentar aclarar que el testigo social trabaja desde antes de que se publicara el concurso, lo que validaría su designación, al tiempo de continuar con el proceso, que dicho sea de paso vale más de 3 mil 200 millones de pesos. Justo aquí, llama la atención el oficio UNCP/309/TU/976/2016 presentado en la misma licitación, en donde se informa que la “Academia de Contratación Pública de México A.C.”, fue seleccionada para fungir como testigo social el 16 de diciembre de 2016.
El mismo documento cita que de acuerdo al artículo 34, fracción XVII del reglamento de la Secretaría de Función Pública, si el concurso no inicia en un plazo de tres meses a partir del 16 diciembre de 2016, la designación del Testigo Social quedará sin efectos, tal y como sucedió, ya que la licitación pública internacional arrancó el 18 de abril de 2017.
El IMSS aclaró que lo anterior no es preciso, que el testigo está debidamente contratado y esta circunstancia no vulnera el proceso de licitación. Por eso continúa.
Asimismo, recuerda que el período que comprende la licitación se definió con base en un estudio costo–beneficio que considera, sobretodo, el nivel de inversión en infraestructura y equipamiento que se requiere para otorgar el servicio. "De acuerdo con el estudio costo–beneficio que se realiza por norma a los proyectos plurianuales, esta mecánica de contratar la seguridad por tres años en vez de hacerlo año con año, podría reportar al Instituto ahorros de cuando menos 189 millones de pesos, lo que equivale a 5.5 por ciento del costo de la seguridad durante los siguientes tres años. Este ahorro podría ser mayor, dependiendo de las propuestas económicas que se reciban por parte de los licitantes". Muy pronto se sabrá. Hoy es día clave.