La denuncia de Joesley Batista, propietario de JBS, conmocionó a Brasil en una arremetida que coloca nuevamente al país y a su sistema político al borde del abismo. Sus acusaciones salpicaron a Michel Temer, al senador Aécio Neves, candidato presidencial en 2014, y a los ex presidentes Dilma Rousseff y Lula da Silva. Recuérdese que Lula acompañó a Marcelo Odebrecht por toda América Latina bendiciendo sus negocios.
Por Carlos Malamud
Batista no “cantó” para salvar a Brasil de la corrupción, sino para librarse de la cárcel intentando beneficiarse de la “delación premiada”. Su empresa JBS, uno de los mayores frigoríficos brasileños, está implicada en el escándalo de la carne y se dice que aprovechó el impacto de su denuncia para ganar 330 millones de dólares con la compra y venta de divisas.
¿Hay salida a la crisis? Los caminos posibles son la renuncia de Temer (a lo que se resiste), el impeachment, que implica un proceso de entre ocho y diez meses en manos del Parlamento, o que el Tribunal Superior Electoral invalide su mandato por financiación irregular de la campaña. Tras un largo receso, el Tribunal debe reanudar sus sesiones el 6 de junio, cuando podría darle al presidente la estocada definitiva, si no renuncia antes. Asumiendo su salida como el principal escenario, la gran duda es cuándo tendrá lugar más que cómo.
En cualquier caso corresponde al Congreso elegir al sucesor. Es imposible convocar elecciones anticipadas salvo que el Poder Legislativo reforme la Constitución. Pero es tal su descrédito, que cualquier presidente que elija tendría un gran déficit de legitimidad. El Partido de los Trabajadores (PT) es uno de los demandantes de “Elecciones directas ya”, pensando en la ventaja de Lula, su potencial presidenciable. Cuanto antes se realicen, mayores son las opciones de evitar una condena por corrupción que lo inhabilitaría como candidato. Y si bien encabeza todas las encuestas, su nivel de rechazo raya el 50%. Una cifra superior complicaría su elección en un sistema como el brasileño a doble vuelta.
Brasil recibe este golpe cuando parecía salir de su prolongada recesión. Por eso, la duda es ver cómo la crisis afectará a su economía e incluso a la de algunos vecinos como Argentina. Y si bien hay visiones encontradas, la respuesta dependerá de cuánto tiempo demande el relevo y si el nuevo presidente mantendrá al equipo económico liderado por Henrique Meirelles.
Las señales son alarmantes. Ninguno de los principales actores puede alzar la voz al estar implicado de una u otra manera en la corrupción. Por ahora la Justicia se salva, pero el protagonismo de ciertos jueces y fiscales y sus actuaciones arbitrarias comienzan a preocupar. Salvo que el Parlamento diga lo contrario, solo las elecciones presidenciales de octubre de 2018 podrán dotar de plena legitimidad al nuevo gobierno. Ahora bien, dado el descrédito generalizado de políticos y empresarios, Brasil no está a salvo de una aventura populista o del desembarco de un outsider que haga de la antipolítica su banderín de enganche.
El Tribunal debe reanudar sus sesiones el 6 de junio, cuando podría darle al presidente la estocada definitiva, si no renuncia antes.
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