Ronald Dworkin, en su famoso texto Tomar los derechos en serio (1977), postula que la mejor garantía de reconocimiento y protección de nuestros derechos fundamentales es la creencia en la ley.
La peor amenaza a tales derechos es el escepticismo. De ahí, ‘tomar los derechos en serio’, y no ser escépticos sino creyentes de los alcances de la ley, es condición para la eficaz salvaguarda de derechos fundamentales.
El debate sobre una Ley de Seguridad Interior –para dar a las fuerzas armadas, que con gran patriotismo han asumido tareas de seguridad pública, un marco legal que fortalezca su actuar— parece haber colocado en segundo plano a la propia seguridad pública y sus operadores. El tema merece analizar objetivamente aciertos, fracasos y perspectivas.
La incidencia delictiva como elemento de análisis ha sido factor para establecer una narrativa casi idéntica en la crítica a la función. Empero, y sin dejar de reconocer la valía de las opiniones de académicos, analistas y la sociedad civil, es importante observar desde ángulos diversos el panorama.
México tiene 120 millones de habitantes, pero únicamente 450 mil realizan tareas de seguridad pública en las policías de los tres niveles de gobierno, es decir, sólo el 0.375 por ciento de mexicanos se dedican a investigar, combatir y prevenir delitos desde el ámbito operativo.
Considerando que se dividen turnos e incidencias (incapacidades médicas, vacaciones, etc.), en un escenario optimista, sólo el 0.137 por ciento de compatriotas están en tareas operativas enfocadas a la seguridad pública. De éstos, un 8 por ciento lo hacen en el ámbito federal, el resto en el orden estatal y municipal.
Las mejores prácticas en la seguridad pública logran un círculo virtuoso entre confianza ciudadana y resultados tangibles de la autoridad. México ha enfrentado grandes retos en la materia. Hay aciertos y logros, más de los que los pesimistas quisieran y, desde luego, menos de los que millones anhelamos.
Vivimos una asimétrica realidad entre el número de responsables de realizar la función de seguridad pública, y el de quienes esperan de ésta los más altos resultados. Es posible, cumplir la expectativa, como se ha demostrado con detenciones relevantes, auxilio a la sociedad en momentos difíciles y el cotidiano ejercicio de prevenir delitos y hacer proximidad social.
Nuestro ranking en materia de seguridad refleja que debemos establecer mejores formas de realizarla, pero también que debemos dudar de diagnósticos incendiarios.
Combatir escepticismo con resultados; dejar constancia de que legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos son, más que principios, firmas de nuestra actuación; transitar de un modelo de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, lo cual no es tan sólo un cambio de adjetivo, sino la forma idónea de hacer más efectiva la tarea de ese 0.375 por ciento de mexicanos, sumando a la sociedad en su conjunto. Eso es tomar la seguridad pública y a sus operadores en serio.
*Manelich Castilla Craviotto es Comisionado General de la Policía Federal.