La violencia con la que opera la delincuencia organizada no sólo ha generado inseguridad pública, temor e incertidumbre entre la población, sino que también ha golpeado fuerte al gremio de los periodistas y reporteros. Volvió la consternación al escuchar el último caso, de Javier Valdez Cárdenas asesinado en Sinaloa.
La violencia no sólo atenta contra la sociedad, atenta también contra la democracia cuando se pretende callar las voces de la opinión pública, y con la fría y ajena respuesta del gobierno federal con reuniones de análisis, discursos, y el envío de más tropas a los lugares en donde la situación, de plano, ya se ha desbordado.
Lo mismo pasa en las reuniones de seguridad estatales o regionales que encabeza el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y en la que reunió a los gobernadores, presidida por Enrique Peña Nieto en Los Pinos, para revisar los mecanismos de protección a los comunicadores. Son sólo escenarios para que la sociedad perciba que al gobierno sí le preocupa y ocupa la delincuencia organizada.
Contrario a lo que se argumenta desde el gobierno federal y uno que otro estatal, de que la violencia es un problema de percepción, es precisamente en esos gobiernos en los que no perciben ni magnifican el daño que provoca a la sociedad la delincuencia organizada. Hasta que hay muertos, es cuando este gobierno reacciona, envía efectivos y realiza sendas reuniones de seguridad.
Distintas organizaciones defensoras del gremio de los comunicadores señalan a México como el país donde más periodistas y reporteros han sido asesinados, por encima de Irak, Siria o Afganistán. Este año, tan solo en los últimos dos meses, han sido asesinados Cecilio Pineda en Guerrero, el 2 de marzo; en Chihuahua, Miroslava Braech, el 23 de marzo; en Baja California Sur, Maximino Rodríguez el 14 de abril y en Veracruz, Ricardo Monlui, el 19 de marzo. Triste realidad.
Una de las condiciones de la democracia es sin duda la existencia de una robusta opinión pública, entendida no solo como una expresión espontánea acerca de algún tema, sino de convicciones y creencias ciudadanas que tienen la intención de influir en los asuntos públicos. La opinión pública ha llegado a convertirse en un sustento de la democracia, al grado que a ésta se le define como el sistema de gobierno de la opinión pública.
El secretario Osorio Chong parece no inmutarse, y parece no importarle la seguridad de la población, al dejarla indefensa en varias regiones del país. Si no le importa la de los periodistas, como personas, menos le va a importar la seguridad de la democracia. Seguramente es porque no comprende el significado y valor de la opinión pública para su desarrollo, o porque, al modo de su partido, tiene aquella percepción de que la democracia no es deseable.
DIACRÍTICO: El Secretario de Gobernación está reprobado como responsable de coordinar las políticas de seguridad pública, la seguridad nacional y la vida democrática en el país. No entiendo cómo aspira a gobernar el país.