Uno de los financiamientos que más crecen año con año es el de los créditos de nómina, basta saber que en 2016 reportaron un incremento del 14.4 por ciento, lo que los coloca de acuerdo con la CNBV, de Jaime González Aguadé, con una cartera superior a los 215 mil millones de pesos.
Al mismo tiempo, y a pesar de que muchos lo ven como un crédito de pago seguro, al ser el descuento vía nómina, este se ha visto amenazado por los gobiernos locales en los últimos años, pues le descuentan a los burócratas puntualmente cada quincena, pero el dinero nunca es depositado a las empresas financieras que otorgan el préstamo.
Pues ahora surge otra alerta roja y nueva práctica, se trata de Chihuahua, al mando de Javier Corral, en donde el sector nominero agrupado en la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), que preside Gustavo Martín del Campo, acusa una práctica en la que despachos de abogados locales ofrecen a los trabajadores del estado subsanar la deuda que adquirieron vía un crédito de nómina, a través de un supuesto amparo.
Se trata de un fraude en donde supuestos litigantes enganchan al trabajador por medio de un escrito que llaman “amparo”, dirigido a la empresa que les facilitó el crédito, la cual en lo que realiza el cotejo e investigación del mismo, suspende momentáneamente los descuentos, pero evidentemente lo anterior no salda la deuda y los usuarios terminan siendo demandados por sus acreedores, ya que la mentira recae en que el amparo es un recurso que únicamente se puede usar en contra de la autoridad y no de un particular.
Así, Martín del Campo y su equipo tienen identificados poco más de dos mil 800 casos de burócratas en esta situación, lo que se traduce en un daño para las empresas financieras afiliadas al organismo por más de 80 millones de pesos, dinero que al final de cuentas tendrá que ser pagado por el acreditado, quien sin duda también se verá afectado en el Buró de Crédito, además de correr el riesgo de embargo de sus bienes.
Lo anterior debido a que los afiliados a la AMDEN demuestran a los gobiernos y entidades públicas la legalidad de la operación del préstamo, por lo que se aprueba la reinstalación de crédito y se reinician los descuentos directos a la nómina. Al tiempo que el trabajador enganchado ya perdió de entrada los tres mil 500 pesos cobrados por los litigantes, en promedio.
Cabe recordar que este organismo que agrupa alrededor del 90 por ciento de los créditos de nómina no bancarios, realiza a sus afiliadas un análisis exhaustivo de antecedentes, referencias y registros con autoridades como la Condusef de Mario Di Costanzo, el SAT de Osvaldo Santín, y la CNBV de Jaime González Aguadé, de quienes tiene el aval y supervisión.