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Barril sin fondo

OPINIÓN

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En distintas ocasiones, en privado y en público, el presidente Enrique Peña ha condenado la manera simplista en la que, desde su punto de vista, se levantan señalamientos de corrupción contra las instituciones públicas.

Sin embargo, las denuncias continúan lloviendo. Algunas involucran fondos federales, como el expediente de investigación más reciente abierto en Chihuahua, según el cual se habrían desviado 246 millones de pesos a principios de 2016 desde la Secretaría de Hacienda, cuando era dirigida por Luis Videgaray, a las finanzas del PRI nacional.

Las acusaciones de Héctor Herrera Corral, ex secretario de finanzas de Chihuahua en el gobierno de Duarte y testigo protegido que colabora en la investigación de las autoridades locales, han alcanzado esta vez a uno de los políticos más poderosos, Manlio Fabio Beltrones, por medio de Alejandro Gutiérrez, uno de sus operadores políticos más cercanos y confiables.

En el mundo de la política mexicana el desvío de fondos públicos a las campañas es una práctica común, no solo desde el gobierno federal sino desde los gobiernos estatales, de manera indistinta de sus siglas, y desde el Congreso federal.

Todos sabemos, por ejemplo, que las llamadas subvenciones extraordinarias que reciben las bancadas en la Cámara de Diputados aumentaron en 2017 en casi 100 millones de pesos. Se trata de dinero que los partidos en San Lázaro reciben por dos conductos: 1 millón mensual para cada bancada y 116 mil pesos por cada diputado.

Esos fondos no los reciben los diputados sino el jefe de cada bancada. El conflicto de fondo es que ni un solo peso de esos recursos deben invertirse con transparencia y justificarse. Se trata de dinero utilizado en forma absolutamente discrecional y que se utiliza en las campañas.

La última denuncia de corrupción desde Chihuahua pone en perspectiva los vicios y las contradicciones que envuelve el hecho de que por un lado se tomen decisiones muy dolorosas para los ciudadanos como recortar los recursos que reciben los estados, mientras de manera clandestina cientos o miles de millones de pesos son desviados a las campañas.

Dos ejemplos documentados y sancionados por las autoridades son el “Pemexgate”, a través del cual en la campaña del año 2000 se desviaron más de 1,400 millones de pesos del sindicato petrolero al PRI. Algo semejante ocurrió con Amigos de Fox, los fondos triangulados desde el exterior.

¿Cómo afectan a los ciudadanos estos desvíos que se suman al presupuesto anual que reciben los partidos?

Un viaje reciente me llevó a Veracruz, Tabasco y Campeche, estados que gozaron los años de la gloria petrolera y que ahora viven una profunda crisis a raíz de los recortes a las inversiones en infraestructura petrolera en este sexenio.

Sin percatarnos, ciertas zonas del territorio nacional han tocado fondo ante el desplome de los fondos federales que recibían, mientras los recursos que fluyen a las campañas políticas, por vías legales o no, continúan siendo una de las grandes asignaturas pendientes en el país.

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