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Adolfo Pontigo Loyola: La autonomía universitaria en el siglo XXI

OPINIÓN

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La autonomía universitaria está contemplada en la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 3°, fracción VII. Es considerada un principio constitucional y un derecho fundamental organizacional que articula los derechos de todos los integrantes de la comunidad universitaria. 

 

Una institución de educación superior pública necesita de la autonomía para cumplir cabalmente su misión académica, científica y cultural, con la condición de que debe entenderse y ejecutarse desde el interior de la comunidad universitaria y, de manera complementaria, hacia el exterior, donde debe existir observancia y cumplimiento por parte de las instancias legalmente establecidas, ejecutivas, legislativas o judiciales,  las cuales tienen la obligación de entender, defender, respetar y hacer respetar la autonomía universitaria para cumplir con el mandato constitucional. No hacerlo así se opone a lo plasmado en la máxima ley del país. 

 

En términos coloquiales, no entender el concepto y el contenido de la autonomía universitaria es como poseer un equipo con la máxima tecnología (una pantalla ultra 4K, por ejemplo), “la cual la podemos ver, pero sin encenderla”. La autonomía de las universidades públicas mexicanas únicamente tiene sentido si se ejecuta en todas las dimensiones y actividades en que cotidianamente se realiza. 

 

La Constitución Política no establece sesgos en la autonomía; la delimita al cumplimiento de sus funciones sustantivas, pero sin exclusión de los factores que en los hechos la vivifican.

 

El Poder Judicial de la Federación ha establecido, en sus precedentes, que la autonomía conlleva auto-normación y auto-gobierno. 

 

Uno de los desafíos de la autonomía universitaria en el siglo XXI es la rendición de cuentas y la entrega de resultados de manera satisfactoria: tenemos claro que cumplir con ambos aspectos es una expresión de la autonomía y no un problema de ella. Si alguien pregunta “¿qué sucede si una institución no rinde cuentas o no entrega resultados?", la respuesta es obvia: esa institución tendrá que enfrentar consecuencias legales y el severo juicio de la sociedad. Sin embargo, esa derivación legal no puede conducir a la abolición de la autonomía bajo el supuesto de que así se garantiza una mejor rendición de cuentas. Esto último sería como suponer que la autoridad hacendaria “ordenara que un auditor formara parte de una familia para garantizar el pago de los impuestos”

 

Jamás olvidemos que la autonomía es una característica que en los países libres y democráticos tienen todas las personas y muchas instituciones. La autonomía de la voluntad es básica para dirigir nuestros asuntos privados. ¿Acaso usted entregaría su autonomía para que el gobierno lo hiciera “mejor” persona? 

 

En el caso de las universidades públicas, la autonomía es la base para que se tomen las mejores decisiones por una comunidad libre y pensante. Las universidades autónomas mexicanas encarnan la defensa de los derechos humanos y del pensamiento libre. Las universidades autónomas representan la madurez real de una sociedad. 

 

Atacar la autonomía universitaria perjudica a toda la sociedad y no exclusivamente a las universidades públicas.  Si queremos seguir construyendo un México independiente y próspero, requerimos de un nuevo impulso a la autonomía de las instituciones de educación superior públicas. ¡No se avanza frenando las libertades!   *Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo