Que el Presidente de la República tenga una opinión distinta a la de la sociedad civil, no debe incomodarnos.
Es sano para el quehacer público que el mandatario exprese sus puntos de vista, aunque sean de malestar. Pero que le reclame a un grupo de ciudadanos su actuar por señalar la acción del Estado y lo asuma como un boicot, nos habla del grado de decomposición que vive nuestra democracia.
Durante el Sexto Foro Nacional Unamos Causas se presentaron cifras sobre la seguridad, y se habló sobre si las corporaciones de seguridad, en los distintos órdenes de gobierno, están preparadas para enfrentar la ola de violencia, y se mencionó que 2017 es el año con el número de homicidios más alto en la historia. El diagnóstico resultó opacado cuando Peña Nieto señaló a las organizaciones de la sociedad civil por hacerle bullying al trabajo de las instituciones del Estado.
Criticar con datos objetivos; señalar las omisiones; proponer alternativas desde fuera del poder, es considerado como bullying hoy en México. ¿Cómo interpretar estos hechos? El trabajo de la sociedad civil, centrado y concentrado en la materialización de políticas públicas para transformar realidades concretas, no pende ni depende de enfrentarse al gobierno. Ni le interesa ajusticiarlo, como tampoco vive para aplaudirlo. La naturaleza de su determinación no es el gobierno, sino la problemática que lo convoca: seguridad, educación, competitividad o transparencia, por citar algunos.
Lo que está a debate es la noción de poder en nuestras sociedades, que concibe lo público como patrimonio privado. Sobre esto debemos centrarnos, porque de ello sí depende el país que estamos construyendo y que pudiera impactar en las elecciones de 2018.
Hay una generación de políticos que considera lo público como un botín, como recompensa por tantos años de lucha. Para regidores, legisladores, alcaldes, gobernadores o jefes de Estado, el patrimonio público forma parte de sus arcas personales el tiempo que dure su mandato.
Quien lo cuestione se le considera un usurpador. Es sano para la democracia escuchar que el Presidente no comparta una idea y lo exprese públicamente. Me gustó escucharlo. Sin embargo, no comparto la forma en que entiende el ejercicio del poder. Dejo de lado las especulaciones. Un presidente enojado comete errores, lo que no es bueno para el país. Este gobierno ha cometido errores por considerar el emplazamiento como afrenta personal, sirvan los casos del intento por nombrar fiscal general al entonces procurador Raúl Cervantes; o bien, la remoción de Santiago Nieto, de la Fepade, en medio del proceso electoral. Espero que la declaración contra la sociedad civil haya sido sólo eso, una declaración. Al tiempo.
*DIRECTOR GENERAL DE MEXICANOS PRIMERO