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Los Anaya y ese negocio llamado PT

OPINIÓN

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En la campaña de 1997 para elegir gobernador de Nuevo León, siendo el que esto escribe responsable del contenido de un noticiero de tv en Monterrey, recibimos un videocasete con actividades de varios candidatos del Partido del Trabajo. De ahí se sacarían extractos para una nota en el informativo. Tras 10 minutos de discursos, saludos y entrega de propaganda, el material de campaña terminaba, no así todo el contenido de la cinta. Luego de un corte de edición, se veía una grabación donde Alberto Anaya y su esposa Guadalupe Rodríguez Martínez, bailaban en una fastuosa boda, ante los acordes de una banda grupera de moda. Un descuido de un camarógrafo a su servicio revelaba que desde entonces, para ellos, daba lo mismo usar los equipos de trabajo para las actividades políticas públicas o para sus festejos familiares. Tras una discusión editorial, se resolvió que eso era material privado y no salió al aire. La anécdota me viene a la memoria al leer las explicaciones que Anaya ofrece para defender a su pareja, quien es acusada de fraude por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al trasladar a cuentas bancarias a su nombre más de 100 millones de pesos que el gobierno de Nuevo León proporcionó para la operación de los Cendis, escuelas que el matrimonio opera en zonas bajo su influencia política en la zona metropolitana de Monterrey. Según el líder del PT, la administración estatal depositó el dinero en cuentas a nombre de personas físicas, para no generar “derechos laborales de los empleados”. Y ellos, sin empacho alguno, aceptaron caer en tal ilegalidad. Ahora, culpa de la situación al gobierno de ‘El Bronco’ y acusa una campaña de desprestigio en su contra. En declaraciones a la revista Proceso, la ahora prófuga Lupita Rodríguez también justifica el manejo de dinero público en cuentas a su nombre y sostiene que se trata de “un ataque del gobierno federal por apoyar a Andrés Manuel López Obrador”. Me queda claro que desde hace muchos años, el matrimonio Anaya no sabe o no quiere manejar ética y legalmente todo aquel recurso público que recibe. Ante la falta de rendición de cuentas, podrán disponer del dinero como lo hicieron con aquella cámara y material de tv. Las sospechas sobre la pareja y su círculo cercano siempre han estado presentes, más desde que manejan a su antojo la dirección del Partido del Trabajo. La gran pregunta es ¿Por qué hasta ahora la acción penal? CONTRASEÑA: En una acción poco clara, agentes de la SEIDO aseguraron a principios de mes en Cancún la empresa First National Security, que resguardaba más de mil 500 cajas de valores. El viernes, la subprocuraduría dispuso que las cajas fueran abiertas y que su todo contenido fuera trasladado a la Ciudad de México. Los clientes afectados califican el procedimiento como ilegal y una violación a la propiedad privada. Faltan muchas explicaciones.   Columna anterior: Trump, las drogas y el aviso de Cervantes