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El 'bochinche” del gobierno de Trump en Puerto Rico

OPINIÓN

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Hay una palabra que se usa de manera coloquial en Puerto Rico cuando una situación va más allá de un chisme y cobra fuerza desatando otros chismes, discusiones y malos ratos: “bochinche". Y es precisamente un “bochinche” lo que pasa con un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y una pequeña compañía en el estado de Montana, contratada para ayudar a restaurar el servicio de electricidad en la isla, casi destruida por el paso del huracán María. Aunque ya pasó más de un mes desde el temporal, casi 90% de la isla sigue sin luz y en total oscuridad. La empresa, Whitefish Energy, con apenas dos empleados y sede en un pequeño pueblo en un estado fronterizo con Canadá, a miles de kilómetros de Puerto Rico, obtuvo el contrato por 300 millones de dólares sin tener experiencia para el tipo de restauración que se necesita en la isla. El contrato también se firmó sin tomar los pasos normales de consultar con otras empresas y revisar otras ofertas, incluso compañías estatales de electricidad en estados como Florida y Texas, con los que Puerto Rico ha trabajado en ocasiones anteriores. Puerto Rico tiene además los llamados “acuerdos de ayuda mutua”, para enfrentar desastres naturales como el huracán María, según los cuales compañías y agencias gubernamentales de varios estados envían personal a las zonas afectadas para ayudar sin costos millonarios. Las preguntas comenzaron casi tan pronto como se filtraran los detalles del contrato: cómo una compañía con tan pocos empleados puede hacer ese trabajo, por qué no se activó uno de los acuerdos de ayuda mutua, por qué no revisaron otras ofertas de ayuda; en fin, nadie se explicaba que pasó. El director de la Agencia de Energía Eléctrica defiende el contrato, afirma que los críticos “seguramente eran contratistas celosos” o que los comentarios negativos venían de “gente chismosa de Estados Unidos” que no vivían los estragos del huracán en carne propia, como los residentes de la isla, que necesitaban ayuda de inmediato. Pero no explicó por qué de una suma tan grande (con salarios de hasta 350 dólares la hora a los contratistas haciendo el trabajo) ni respondió otras preguntas provocadas por el contrato. Ahora, dice el director, lo más importante es restablecer la electricidad, y lo demás no es prioritario. Pero como decía Cantinflas, “ahí está el detalle”. Resulta que la empresa está en el pueblo natal de Ryan Zinke, secretario de Asuntos del Interior en el gabinete del presidente Donald Trump, y tiene otras conexiones políticas con el Partido Republicano. Ahora varios legisladores piden una investigación congresional y las audiencias podrían llevarse a cabo tan pronto como en los próximos días. Sin embargo, oficialmente no hubo papel del gobierno de Trump ni intervención directa de Zinke. El “bochinche” apenas comienza. Y por cierto, las vistas públicas sobre la nominación del director de la Oficina de Adunas y Protección Fronteriza (CBP), Kevin McAleenan, comenzaron esta semana, luego de una demora de varios meses mientras investigaban alegaciones en contra de McAleenan por líos de faldas y desvío de fondos para pagar un nuevo centro de detención de inmigrantes sin que hubiera sido aprobado. Agentes federales investigaron ambas acusaciones sin encontrar evidencia, y ahora McAleenan deberá responder preguntas sobre la controvertida propuesta de un muro fronterizo, su factibilidad y costos, ante un Congreso sin entusiasmo por la idea.   Por Patricia Guadalupe