El pasado lunes 17 de junio la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó los resultados de las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial, cuyos resultados señalan que aunque la mitad de los consultados desconocen la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 80% la consideró necesaria.
Esta iniciativa, que parte desde el gobierno del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, ha desatado un debate público en el que se pone en el banquillo a quienes usualmente suelen estar del otro lado: los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Parte sustancial del debate se centra en que los juzgadores podrían ser electos mediante el voto popular.
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Al respecto, el doctor Ricardo Ortega Soriano, director del departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, hace un análisis sobre los claroscuros que la Reforma Judicial, en donde hace énfasis en el llamado "tribunal de disciplina", al cual ve con preocupación.
Claroscuros de la Reforma Judicial
De acuerdo con el penalista, dicho "tribunal de disciplina" puede convertirse en un órgano encargado de censurar la libertad de juezas y jueces para resolver casos, sobre todo cuando se oponen a las directrices de un régimen político determinado.
"Una elección está sujeta a procesos de movilización política que pueden tener el efecto de llevar a esos cargos a personas afines al poder político dominante en turno y no a aquellas realmente comprometidas con la justicia que cuenten con las competencias necesarias, lo que representa un riesgo muy importante a la independencia e imparcialidad de jueces o juezas, y al profesionalismo con el que deberían desempeñarse. Ahí hay un primer gran problema a esta iniciativa", advirtió.
Para Ortega Soriano, "en México tenemos una situación de impunidad crónica, que hay deficiencias muy graves en el acceso a la justicia y que es necesario impulsar una reforma al sistema de justicia en su conjunto. Ahora, esa necesidad no debe ser confundida con un intento para desmantelar las condiciones de contrapeso que ejerce el Poder Judicial", señaló.
El abogado refirió que esta situación de impunidad crónica que vive el país, donde al menos 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo, se debe en buena medida a la falta de capacidades, de independencia y de profesionalismo de las fiscalías para la investigación de los crímenes, lo que aún no se sabe si remediará la Reforma Judicial.
