El ministro Javier Laynez Potisek plantea invalidar la segunda parte del "Plan B" de la reforma electoral porque durante la aprobación del decreto, el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo.
En entrevista con Alejandro Cacho, a través de la señal de Heraldo Media Group, Francisco Burgoa, académico de la Universidad Autónoma de México, añadió otros inconvenientes con respecto al decreto. Entre ellas, precisó que se publicó el proyecto en la Gaceta Parlamentaria, pero posteriormente fue modificado sin previo aviso.
Destacó que se necesitan al menos 8 que estén a favor de la invalidez, aunque los otros 3 no estén de acuerdo. Resaltó que el Poder Legislativo, el cual está compuesto por diputados y senadores electos democráticamente, no puede inclinarse hacia un solo polo, por lo que debe de existir la mayor pluralidad posible.
"Todas las autoridades de todos los ámbitos, cualquier autoridad, tiene que respetar la Constitución", aseguró.
"Si el proceso legislativo estuviera impecable, entonces la Corte podría entrar al estudio de fondo, es decir, si el contenido es, o no es contrario a la Constitución".
El proyecto considera que las violaciones legislativas son suficientes para invalidar la totalidad del decreto por el que se reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo.
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Cámara de Diputados no habría publicado las propuestas a tiempo
De acuerdo con el análisis del ministro, la Cámara de Diputados nunca expuso las razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas; los legisladores no tuvieron oportunidad de conocer las propuestas porque no se publicaron ni se distribuyeron con la anticipación exigida por el reglamento del Congreso y no tuvieron un plazo razonable para conocer lo que estaban votando.
Esto, se explica en el proyecto, pues en total se trataba de reformas a más de 500 disposiciones que nunca fueron dictaminadas, que presentaron en el momento de iniciar la sesión, a las 11:04 pm y que se aprobaron en tan solo cuatro horas.
“En el apartado relativo al estudio de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez relacionados con el procedimiento legislativo, e incluso parcialmente fundado el relacionado con la falta de consulta tanto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad”, indica el proyecto.
