La Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los integrantes del Congreso de la Unión conducirse con respeto hacia el Poder Judicial de la Federación y sus integrantes, esto luego de que el mandatario mexicano arremetiera contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al señalar que desde que ocupa el cargo, se han hecho resoluciones a favor de presuntos delincuentes.
En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Víctor Ólea, presidente de la BMA, comentó que han escuchado con preocupación los ataques provenientes del Ejecutivo y del Legislativo en contra de la ministra, así como de jueces y ministros.
"Consideramos como abogacía organizada en México que vulneran los principios de independencia judicial, algo que es muy importante para la sociedad en general, el que esta independencia prevalezca y sobre todo en nuestro más alto tribunal", expresó.
Respecto a las publicaciones en redes sociales en las que se ha difundido una amenaza de muerte en contra de Piña Hernández, dijo que eso es consecuencia de las" denostaciones, críticas, ofensas y calumnias" hacia el Poder Judicial; sin embargo, indicó que la ministra no debería intervenir en las decisiones de jueces respecto a la liberación, exoneración o eliminación de cargos en contra de funcionarios como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, o Rosario Robles.
"Hemos visto con preocupación todas esas aseveraciones y es que ya basta que desde el Ejecutivo o Legislativo se quiera tener injerencia en las decisiones judiciales", manifestó.
Destacó que existen los recursos jurídicos para que ante cualquier resolución sobre un particular, las autoridades de todo tipo puedan impugnarla. El presidente de la BMA aseguró que les genera mucho entusiasmo pensar que la ministra Norma Piña no tendrá ninguna injerencia ni influencia sobre los jueces o magistrados federales.
Finalmente, dijo que los jueces actúan de manera autónoma, aunque no están exentos de que exista algún tipo de corrupción, pero esto se debe probar, no solo afirmar.
"Si hubiese algún acto de corrupción, se tiene que investigar y se tiene que sancionar, pero mientras tanto debemos denunciar en el Poder Judicial porque si no estaríamos en una situación muy vulnerable como por el Estado de Derecho".
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