La primera reforma electoral de las últimas cinco décadas que es impuesta unilateralmente desde el poder, que no se procesó a partir de un diagnóstico amplio y compartido, que renunció al ejercicio del diálogo y a la construcción de consensos con otras fuerzas políticas, como había ocurrido desde 1977 hasta 2014, se ha consumado. Ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el plan B, la reforma con la que el gobierno busca controvertir el orden constitucional en materia electoral.
El Instituto Nacional Electoral ha dicho, con claridad, que va a hacer todo lo que está a su alcance, jurídica y constitucionalmente, para evitar un daño irreparable a irreversible a los derechos políticos de cada ciudadana y ciudadano. Se ha alertado, y con razón, que el plan B, además de ser inconstitucional en su contenido, fue una colección de violaciones al proceso legislativo. Como se recordará, en la Cámara de Diputados, entre que la propuesta se presentó y se votó, pasaron escasas tres horas.
Se trataba de una iniciativa del Ejecutivo, del gobierno, pero se simuló que fue de legisladores, eso para obviar y saltarse el necesario dictamen de las comisiones de la propia Cámara. Pero tan no fue una iniciativa de legisladores, sino del gobierno, que quienes la votaron no la conocen ni la han entendido. En esta mesa, con elocuencia, varios de los diputados que la aprobaron nos han demostrado que no pueden ya digamos explicar las supuestas ventajas de la reforma, sino siquiera conocer y comprender su contenido básico.
Así, como ningún legislador del gobierno conoce o entiende la reforma, quien la quiso explicar esta misma mañana, no desde el recinto legislativo sino desde Palacio Nacional, fue el titular de la Secretari´a de Gobernacio´n. Como dicen los abogados, a confesio´n de parte, relevo de prueba: es un plan de gobierno, no parlamentario.
Quedara´, como otro oprobio del tiempo autoritario que vivimos, que hoy desde la Secretari´a de Gobernacio´n se dijera co´mo debe estructurarse el INE, co´mo deben organizarse las elecciones, que´ figuras deben de trabajar en esta institucio´n auto´noma, cuando fue justamente la expulsio´n del gobierno de la materia electoral lo que nos dio elecciones del todo confiables, lo que nos permite reivindicarnos como una democracia. Pero no, ahora quieren, desde Palacio, dictar, dictar, dictar. Los regi´menes donde hay quien dicta, y no hay divisio´n de poderes ni o´rganos auto´nomos, sino solo quien dicta, no se llaman democracia. Hacia alla´ nos pretenden conducir.
Ma´s alla´ de esas muestras de invasio´n a la autonomi´a del INE, en apego al principio de la legalidad que nos rige y que no ignoramos, mientras el plan B no sea suspendido o declarado inconstitucional, sea parcial o completamente, le corresponde al INE empezar a aterrizar las disposiciones legales de ese irresponsable y dan~ino plan para la democracia.
Con el proyecto de acuerdo a nuestra consideracio´n este Consejo General da inicio a la organizacio´n y aprobacio´n de los trabajos de normatividad y administrativos del INE y se crea el Comite´ Te´cnico para la implementacio´n de la reforma electoral 2023. Voy a sen~alar tres dimensiones de francos atropellos laborales que entran~a el plan B y que fuerza al INE a instrumentar.
Primer atropello inminente. Como ustedes saben, el arti´culo de´cimo transitorio del plan B sen~ala que, cito: “a ma´s tardar en abril de 2023 el Consejo General identificara´ las medidas, adecuaciones y costo que implicara´ la reestructuracio´n orga´nica del Instituto para el cumplimiento de las
disposiciones establecidos en el presente Decreto, y planificara´ su ejecucio´n para que, a ma´s tardar el 01 de agosto de 2023, se haya concluido”.
En consecuencia, el proyecto perfila que antes de que termine abril, este Consejo debe determinar que´ cargos y plazas del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Administrativa deben desaparecer. Si´, inicia la destruccio´n de la estructura profesional y territorial del INE. Con este acto inicia lo que el plan B desea: despedir al 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional, desapareciendo figuras fundadoras del a´rbitro profesional e independiente: las vocali´as distritales ejecutivas, secretariales, de organizacio´n, del registro federal y de capacitacio´n electoral. Tambie´n mutilan a las Juntas Ejecutivas Locales, desapareciendo a las vocali´as secretarias y prescindiendo de dos vocali´as tan diferentes como indispensables: la de organizacio´n y la de capacitacio´n.
Como le dijimos en las reuniones regionales a nuestras compan~eras y compan~eros: la razo´n les asiste frente a esta lesio´n a su desempen~o, a sus puestos de trabajo, a sus derechos laborales. Asi´ que esta´ abierta la vi´a para pedir la proteccio´n de la justicia. El amparo puede frenar un acto abusivo de autoridad que es el decreto publicado ayer e, incluso, este mismo acuerdo que terminara´ en la afectacio´n de derechos laborales puede ser combatido juri´dicamente.
Segundo atropello. El plan B ordena, cito: “De´cimo Segundo. Entre enero y mayo de 2023, el Consejo General tomara´ opinio´n de los o´rganos desconcentrados con relacio´n al perfil y competencias ido´neas de los vocales operativos, con el fin de que, a ma´s tardar el 1o. de junio siguiente, se tenga concluido el disen~o del proceso de evaluacio´n de los actuales vocales de las Juntas Distritales para determinar de entre ellos, quie´nes ocupara´n el cargo de vocal operativo en las oficinas auxiliares que se instalara´n con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto. El mismo mecanismo se seguira´ respecto de las actuales Juntas Locales”. Fi´jense ustedes: se desaparecen o desmiembran
Juntas Ejecutivas, pero esos legisladores obligan a los destinatarios de su reforma, a los miembros del Servicio Profesional Electoral a que sean ellos los que determinen quienes sera´n los sobrevivientes de esta operacio´n de destruccio´n institucional. O sea, los despiden, los menosprecian, los insultan y, adema´s, les dicen que ellos mismos digan con que´ criterios se hara´ una suerte de prueba de supervivencia para ver quie´n no pierde su empleo.
Una vez ma´s, el legislador rompe con un principio general: que las normas deben ser hetero´nomas, es decir, no hechas para si´ sino por terceros. En esta disposicio´n que obliga a nuestras compan~eros y compan~eros a disen~ar su cadalso, adema´s de ilegal dibuja la ausencia de e´tica elemental en quienes hoy ostentan en el poder.
Tercer atropello. El vige´simo sexto transitorio, adema´s, dice el Consejo General “debera´ emitir lineamientos que regulen las funciones de su personal de la rama administrativa”. Ello es contrario a la Constitucio´n que establece que el Estatuto regira´ las relaciones de trabajo y ahora, a todo el personal de la rama administrativa el plan B lo excluye del Estatuto. Compan~eros y compan~eras de la rama administrativa: es tan flagrante, tan burda la violacio´n a sus derechos laborales que, si ustedes deciden acudir ante jueces de distrito o ante el Tribunal Electoral, van a derrotar esa disposicio´n anticonstitucional para que sus derechos no sean lastimados por quienes no conciben el trabajo honesto y bien hecho y quieren, porque asi´ les llaman, siervos. Y recordemos, siervo viene de quien servi´a al sen~or feudal sin libertades ni derechos. Y en esas estamos, ante quien pretende ejercer el poder sin li´mites, sin contrapesos, sin reglas.
Voto pues, por obligacio´n de ley, a favor de este proyecto. Pero anuncio que emitire´ un voto concurrente porque es un proyecto que jama´s deseari´a haber lei´do porque implica lastimar un ejemplar cuerpo civil del Estado mexicano, las y los trabajadores del INE que tienen todo mi reconocimiento y lealtad.