El gran performance del reguetonero o cualquier otra razón asociada con el evento quedó en segundo plano debido a que Ticketmaster, empresa encargada en la venta y distribución de boletaje, habría negado la entrada a cerca de 2,000 personas con boletos legítimos.
Numerosos noticieros cubrieron el evento y en redes se denunció que no era la primera ocasión que ocurría algo así, que esto se había replicado en conciertos de otros artistas como Dua Lipa o Harry Styles. Incluso, el presidente López Obrador en la conferencia matutina, exigió una explicación para la problemática, asunto que quedó en manos de la Profeco y la Defensoría Pública.
Profeco vs Ticketmaster
A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inicialmente había propuesto la aplicación de una fuerte multa por una posible sobreventa por parte de la empresa, el caso se fue desdibujando, de tal manera que, ahora solamente se habla de que aquellos consumidores afectados obtendrán la compensación de su entrada y un 20% adicional.
La solución omitiría el oscuro trasfondo que debería ser una urgencia: el poder de mercado -bastante considerable- de esta empresa; los sobreprecios que impone en comparación a otros países, su negativa a formar parte de los mecanismos de conciliación de controversias y las irrisorias penalizaciones a las que este tipo de corporaciones pueden estar sujetas.
Polémica exclusividad
Con respecto al primer punto, en términos prácticos OCESA de la mano de Ticketmaster México (su empresa subsidiaria de boletaje), mantiene contratos de exclusividad con la mayor parte de los grandes recintos de espectáculos a nivel nacional (65%) que hacen imposible cualquier forma de competencia real.
Los cobros por imprimir tu boleto, obtener el código QR, recogerlos y otros aún más absurdos ocurren simplemente porque el corporativo puede y no tiene que preocuparse por otros competidores porque simplemente no los hay. ¿Y la COFECE?
Las quejas contra Ticketmaster
Además, asumiendo que quieres quejarte por un mal servicio o buscaras tu dinero de vuelta por el aplazamiento de un evento, el camino para obtener una respuesta sería largo y tortuoso porque Ticketmaster México se ha negado a ser parte de mecanismos como Concilia exprés de la Profeco, el cual soluciona controversias con una llamada.
Necesariamente tendrías que ir a una oficina de la Procuraduría o contactar al corporativo, cosa que, sencillamente es horrible. El segundo caso, en el cual en particular me he encontrado, además contar con horarios de atención al cliente mínimos que no coinciden con gran cantidad de los eventos que realizan, las líneas de respuesta de la empresa se encuentran sobresaturadas y no sirven para realizar acuerdos.
Si después de todo ello se lograra promover una demanda colectiva contra este conglomerado, la realidad es que no hay garantías de que estos comportamientos cambien. Muchos de los órganos encargados de regular la competencia o la defensa del consumidor se ven impedidos a poner multas reales que verdaderamente incitaran el cumplimiento de la ley; son perros que ladran, pero no muerden.
¿En verdad se hará justicia por el fraude?
Para ello, me explico: la Profeco no puede imponer penalizaciones que superen el 10% de los ingresos de la empresa en el último año. Esto en particular, es un disparate en la legislación, ya que es por este tipo de leyes que se generan incentivos perversos en el comportamiento de los agentes económicos, porque no contemplan del todo la proporcionalidad del daño causado.
Ejemplo de ello son las multas que anteriormente han realizado órganos reguladores como la COFECE a conglomerados como Kimberly Clark por prácticas monopólicas. En 2021, este conjunto de empresas fue acusado de causar un daño estimado por colusión de alrededor de 1,500 millones de pesos y obligado a pagar una multa…
¡5 veces menor al daño causado! Esto quiere decir que, después de la máxima sanción aplicable, fue rentable para la empresa haber violado la ley, siendo que este tipo de cuestiones ha ocurrido también con otros órganos como la CNBV, la Condusef y la misma Profeco en sus respectivas ramas.
Es por ello que es necesario modificar la legislación con respecto a las facultades de los órganos reguladores y las penas aplicables, y promover la obligación de que las grandes empresas pertenezcan a mecanismos de conciliación, buscando una verdadera protección al consumidor y competencia económica.
Las leyes mexicanas han actuado en favor del interés económico corporativo y esto no puede seguir así: hay que darle dientes a las instituciones que deberían protegernos.
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