Luego que generará polémica a nivel nacional el decretó número 40, publicado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, que contempla la reforma al artículo 167 del Código Penal de Sonora donde se castiga con entre cuatro y 10 años de cárcel a las personas que difundan imágenes, videos, mensajes o información de cadáveres en estado, mejor conocida como Ley Ingrid, ya se anunció que la próxima semana desde el mismo gobierno se propondrá una contra reforma.
Adolfo Salazar Razo, encargado de la Consejería Jurídica del Estado, aseguró que los medios y columnistas han estado publicando situaciones que no son reales, pues hacer ver que es el Gobernador Durazo quien quiere aplicar leyes que van contra la libertad de prensa y el libre ejercicio de los colectivos de búsqueda; sin embargo, señaló que fue el congreso quien aprobó esta ley.
Recordó que la reforma la presentó la diputada Alicia Gaytan Feliz, de la bancada de Morena, pero fue aprobada por unanimidad de todos los diputados locales y ellos la mandaron publicar en el Boletín del Estado y el gobernador cumpliendo lo que dice la Ley, la publicó.
Aclaró que el sentido de la reforma no es contra la libertad de expresión, sino que va contra funcionarios públicos que publiquen imágenes que están dentro de las investigaciones penales, como sucedió con el caso de Ingrid Escamilla; sin embargo, entienden la polémica, pues la redacción de la reforma no dice textualmente que es a servidores públicos y por eso se tomó la decisión de presentar una nueva propuesta.
Detalló que en la propuesta que enviarán se deja claramente en la redacción que todo aquel servidor público, integrantes de las corporaciones policiacas, de procuración o impartición de justicia que no estén dentro del supuesto de la Ley y difundan imágenes, videos, mensajes o información de cadáveres en estado, se les impondrá la pena que va de cuatro a 10 años de cárcel, para evitar revictimizar a las personas que perdieron la vida en Sonora.
Por su parte, el secretario de gobierno, Álvaro Bracamontes Sierra, informó que no hay intención del Gobierno atacar la libertad de prensa ni criminalizar la labor de los colectivos de búsqueda, fue una ley aprobada por el Congreso y para evitar confusiones ahora se buscará modificar el Código Penal, pero se presentará la próxima semana cuando regrese el Gobernador Durazo de su gira por Estados Unidos.
Mientras tanto, la actual Ley Ingrid, aprobada por el congreso, seguirá vigente, pues se debe cumplir el proceso legislativo que es presentar la iniciativa, que se analice en comisiones, se haga un dictamen se presente y apruebe en una sesión de pleno y después se publique en el boletín del Estado.
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