Las dirigencias nacionales de Morena y del Partido del Trabajo (PT) presentaron dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para blindar a funcionarios que buscan un cargo de elección popular, aunque sean sancionados en materia electoral.
Estas demandas se presentan luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 16 gobernadores incurrieron en ilícitos constitucionales y desobediencia durante el proceso de revocación de mandato al difundir propaganda gubernamental.
En las acciones de inconstitucionalidad se reclaman los criterios del TEPJF que señalan que se debe revisar la pérdida del modo honesto de vivir de servidores públicos sancionados por violar leyes durante procesos electorales, con lo que estarían impedidos para ser candidatos.
Mario Delgado, líder nacional de Morena, pide en la demanda que se invaliden esos criterios porque la Sala Superior del TEPJF carece de competencia constitucional para hacerlos subsistir con carácter de ley.
“De lo anterior se puede advertir que la Sala Superior del TEPJF carece de competencia constitucional para hacer subsistir con rango equivalente a ley dichos criterios”, señaló.
Las acciones de inconstitucionalidad serán turnadas a un ministro para que determine si las admite.
dhfm