El consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Ernesto Ramos Mega, señaló que el trabajo de los órganos electorales en la realización de procesos electorales y participativos, así como en la construcción de ciudadanía, debe estar respaldado con recursos financieros suficientes para garantizar a la ciudadanía ejercicios limpios, libres, directos, con un voto secreto e instituciones autónomas.
Durante su participación en el foro “La Autonomía financiera de los Órganos Constitucionales Autónomos (OCAS)”, organizado por el Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, el funcionario electoral sostuvo que la creación de los institutos electorales nacional y locales se dio con el fin de dotar de certeza a los comicios.
En este sentido, dijo que es necesario que estos órganos cuenten con total autonomía frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Indicó que los órganos autónomos requieren de un presupuesto adecuado para su funcionamiento, el cual debe ser aprobado por la Cámara de Diputados o el Congreso de alguna entidad federativa.
Advirtió que en caso de que la solicitud de presupuesto sufra modificaciones, éstas deberán estar debidamente justificadas y no deben ser extremadamente drásticas, porque puede afectar el funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones de estas autoridades y los derechos de la ciudadanía.
Refirió que en el caso del IECM, éste sufrió un recorte del 40 por ciento de su presupuesto en 2022, y se realizó sin justificación alguna o argumentación del Congreso local.
Dicha reducción, dijo, impactó en detrimento de algunas actividades sustanciales del órgano electoral capitalino, y se hicieron ajustes, como la reducción en la instalación de mesas de votación durante la Consulta de Presupuesto Participativo, se imprimieron menos boletas, con menor calidad y se dejó de utilizar líquido indeleble.
Sostuvo que un escenario como este durante la realización de un proceso electoral puede influir drásticamente en su desarrollo, incluso en los resultados, de ahí que resulta importante garantizar un grado de autonomía presupuestal, para que no se afecten los procesos, fines y obligaciones que mandata la ley, con el fin de evitar que se violen los derechos político-electorales y de participación de la ciudadanía.
Afirmó que es necesario motivar con argumentos y datos objetivos cualquier situación de disminución o aumento al presupuesto, “porque toda decisión sobre un organismo público que no está debidamente motivada, es una decisión arbitraria y no tiene cabida en un régimen democrático”.
Propuso que es necesario que los órganos autónomos cuenten en cada ejercicio anual con una base presupuestal, la cual no debe disminuir, garantizando su autonomía y funcionamiento, y sólo en caso de requerir una ampliación presupuestal debido a la realización de actividades extraordinarias, se debe justificar.
Finalmente, expuso que la situación de disminución presupuestal por la que atraviesa el IECM es complicada e inédita, por lo que los tribunales electorales o la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben intervenir y garantizar los recursos presupuestales suficientes, para detener los caminos hacia un sistema autoritario y arbitrario que inhiba la posibilidad de hacer elecciones limpias, libres, directas.
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