Una transformación de fondo al sistema electoral mexicano propuso ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los cambios más significativos se busca sustituir al Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), a cargo del Estado, reducir diputados y senadores, así como la desaparición de los Organismos Públicos Locales y modificar la elección y permanencia de los consejeros electorales.
Con ello se obtendrán ahorros para las arcas públicas de 24 mil millones de pesos, afirmó el Ejecutivo, en caso de aprobarse la iniciativa, que llegó ayer a la Cámara de Diputados.
La "reforma democrática electoral" propone una nueva forma de elección de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), quienes serán propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y se elegirán por voto directo de los ciudadanos. La elección la organizará el INEC, quien informará a la Cámara de Diputados los resultados.
La propuesta de reforma constitucional deberá ser aprobada antes de septiembre, debido a que, en su artículo segundo transitorio, señala que la elección de los nuevos consejeros y magistrados se llevará a cabo el primer domingo de febrero de 2023, y en septiembre de 2022, la Cámara de Diputados y el Senado de la República emitirán la convocatoria respectiva.
El proyecto reduce el número de diputados, de 500 a 300, y también de senadores, de 128 a 96, quienes serán seleccionados mediante listas.
“La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados y diputadas que serán elegidas mediante el sistema de listas votadas en cada una de las entidades federativas”, señala el documento, lo mismo ocurriría con la conformación del Senado.
Para determinar el número de curules de cada entidad, se dividirá el número total de personas fijado conforme al último censo general de población, entre el número total de diputaciones, el resultado de esta operación será el resultado de distribución para asignar el número de diputaciones que corresponderá a cada entidad federativa.
La iniciativa también elimina el financiamiento público a los partidos políticos para su trabajo ordinario y establece que serán los militantes y simpatizantes de cada partido los que realicen aportaciones, sólo se mantienen los recursos públicos para las campañas electorales, desaparecen los Organismos Locales Electorales y centraliza las elecciones locales y federales en el nuevo instituto.
El mandatario explicó que es necesaria una reforma democrática de fondo, para que se convierta la democracia en forma de vida y en un hábito.
Agregó que no se busca imponer un “partido único”, sino garantizar el voto de los ciudadanos para que elijan libremente a sus representantes: “Que haya una auténtica democracia y se termine con los fraudes electorales”.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) enlistó las propuestas de la iniciativa y agregó que se busca dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad respecto al voto, honradez y legalidad.
“Estamos en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresa, puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular”, dijo.
ARTE: NICOLE FLORES
Por Elia Castillo, Almaquio García y Francisco Nieto
MAAZ