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Carlos Treviño pide Alejandro Gertz Manero rechazar arreglo con Lozoya

El documento señala que es ilegal autorizar como reparación del daño una cantidad de dinero

NACIONAL

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“Los inmuebles o el dinero que ofrece Lozoya, no pueden cubrir ni siquiera una fracción del daño que realmente ocasionó".Créditos: Cuartoscuro

El exdirector de Pemex, Carlos Treviño, envió un escrito al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el que se opone a que Emilio Lozoya obtenga algún beneficio que le permita concluir los procesos que enfrenta.

En el documento, cuya copia tiene El Heraldo de México, Treviño señaló que es ilegal autorizar como reparación del daño una cantidad de dinero que no corresponde con lo que establece la ley para ocultar un acuerdo político de impunidad con Lozoya.

Indicó que es público que la Fiscalía ha intentado favorecer indebidamente a Lozoya para que salga de prisión a través de beneficios no previstos en la ley.

“Me opongo tajantemente a que se celebre un acuerdo reparatorio con el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, o bien se le conceda una suspensión condicional del proceso o un criterio de oportunidad”, indicó.

Explicó que los delitos que enfrenta Lozoya por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados se persiguen de oficio y los acuerdos reparatorios son improcedentes.

Treviño destacó que Lozoya recibió directamente los sobornos de Odebrecht y los repartió entre sus familiares y con esos recursos adquirió inmuebles que ahora pretende dar en garantía para la reparación del daño a Pemex.

Además, señaló que el dinero que ofrece Lozoya no cubre ni una parte de los 2 mil 813 millones de pesos del daño que causó por el caso de la planta de Etileno XXI.

“Los inmuebles o el dinero que ofrece Lozoya, si bien pudo haberlos obtenido con motivo de los hechos que se le atribuyen no pueden cubrir ni siquiera una fracción del daño que realmente ocasionó.

“Por ello, evidentemente resultará desproporcional el acuerdo que en su caso insista en celebrarse al margen de la ley entre Emilio Lozoya, el Consejo de Administración de Pemex, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por ello de autorizarse éste o una suspensión condicional del proceso, las autoridades que intervengan incurrirían en hipótesis de delito y responsabilidades administrativas”, señala el documento.

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