El gobierno de México presentó este lunes 10 de octubre una nueva demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson en contra de cinco tiendas de armas, relacionadas con el tráfico ilícito, en Arizona.
Las empresas demandadas son:
- Diamondback Shooting Sports, Inc., ubicada en Tucson.
- SNG Tactical, LLC, ubicada en Tucson.
- Loan Prairie, LLC, conocida como The Hub Target Sports, ubicada en Tucson.
- Ammo A-Z, LLC, ubicada en Phoenix.
- Sprague’s Sports, Inc., ubicada en Yuma.
En la demanda se lee que dichas tiendas participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres.

El anuncio se produce días después de que se dio a conocer que un juez de Massachusetts rechazó la primera demanda interpuesta por las autoridades mexicanas contra 11 armerías. Cabe destacar que fue la primer ocasión en la que un gobierno nacional actúo en contra de la industria de las armas en Estados Unidos.
En su primera demanda civil, presentada en agosto de 2021, el gobierno de México acusó a los productores y distribuidores de armas de emprender “prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México”.
En su demanda presentada en 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en el país, incluyendo hasta 597 mil armas producidas por los acusados.
México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.
Sin embargo, el juez del caso dijo que México no podía superar una estipulación que se encuentra en una ley estadounidense, la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los fabricantes de armas de demandas por "los daños causados únicamente por el mal uso, delictivo o ilegal, de armas de fuego (...) realizado por parte de otros cuando el producto funcionaba como estaba diseñado y previsto".
Ahora, esta segunda demanda presentada en Arizona contiene varios argumentos contra los distribuidores, entre ellos: que los vendedores no cumplen con el debido cuidado al que están obligados, causan daño previsible, usan publicidad engañosa y tendenciosa, venden armas que se modifican en armas automáticas, causan alteración al orden público y violan leyes estatales y federales.
Los abogados que encabezan la estrategia legal del gobierno de México son Steve Shadowen de Shadowen PLLC en Austin, Texas, y Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence de Washington, D.C.
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