Activistas feministas de Yucatán presentaron una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los responsables de la red de violencia digital que difundieron fotografías y videos íntimos de estudiantes universitarias. Advirtieron que los ojos de la sociedad estarán vigilando este caso para que las autoridades no den carpetazo.
La presidenta de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva (AMISY), María Eugenia Núñez Zapata, declaró que es muy lamentable que las autoridades yucatecas no hayan sancionado casos anteriores de violencia digital, por lo que ahora presionarán para que este hecho no quede impune.
“Y lo importante es que los ojos de la sociedad estarán dentro de este expediente, no vamos a permitir que se tuerza la ley y que se cubra con el manto de impunidad a las autoridades educativas, legislativas y judiciales”, señaló en entrevista en las instalaciones de la Fiscalía.
Recalcó que no van a permitir que el Gobierno del Estado le dé carpetazo, por lo que dentro de tres semanas van a pedirle cita al Fiscal General, Juan Manuel León León, para preguntar los avances de la denuncia para que se esclarezca y se sancione a los culpables.
Núñez Zapata también sostuvo que no es posible que las jóvenes víctimas de esta red de violencia digital sean revictimizadas, y que se les vulnere su integridad personal y se le dañe su salud mental y emocional.
Violencia en modalidad escolar y digital
Al leer la denuncia, la activista Silvina Contreras Capetillo, señaló que los delitos que se habrían cometido en este caso son violencia sexual –en su modalidad escolar y digital-, contra la intimidad personal, informático, discriminación y asociación delictuosa.
Subrayó que el Fiscal tiene que ordenar abrir la carpeta de investigación y, dentro de ella, llevar a cabo todas las diligencias necesarias y recabar las pruebas que se requieren para ejercer la acción penal a la brevedad, además de otorgar órdenes de protección a la víctima que lo requiera, activar protocolos especializados de investigación, procurar la reparación del daño, y ofrecer asistencia jurídica, médica y legal a quienes lo necesiten.
“Creemos que es el momento de poner un alto a estas prácticas que atentan contra la dignidad e integridad de las mujeres, hasta hoy impunes, y vigilar que se llegue al fondo de estos delitos, así como supervisar que se dicten medidas de sanción y sentencia a todas las instancias y personas involucradas, tanto por acción, como por omisión”, agregó.
Como hemos informado, estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab descubrieron una red de violencia digital en el que se compartían videos y fotos de sus compañeras sin su consentimiento. En el chat estarían involucrados alumnos de esa escuela y de otras instituciones públicas y privadas.
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