Al suponer una situación de hacinamiento y riesgos a la salud en un contexto de la pandemia del COVID-19, el campamento propuesto por el Instituto Nacional de Migración para las personas haitianas “no es una opción protectora ni viable”, explicó el Instituto para las Mujeres en la Migración.
Esto, tomando en cuenta las declaraciones de las personas haitianas que manifiestan la necesidad de salir de Chiapas para buscar oportunidades de vivienda, empleo y educación para sus hijas e hijos en otros estados de la república, agregó.
El proyecto del campamento se da a conocer en el contexto de la violencia contra las actuales caravanas migrantes, con mayor población haitiana, principalmente, que comenzaron a salir de Tapachula desde el pasado sábado 28 de agosto; coincidente con la visita a Chiapas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La salida de los grupos se debe a la tardanza en los procesos de regularización migratoria; la fatal de reconocimiento de los documentos para la estancia regular en México, como la visa por razones humanitarias; y loa falta de información en el idioma.
“El INM las está deteniendo de forma arbitraria y deportándolas ilegalmente en medio de la madrugada a Guatemala”. La gravedad de las detenciones, afirma Inumi es que se trata de personas con situación migratoria regular o reconocidas como refugiadas.
Ante este panorama, la organización considera que el Instituto Nacional de Migración debe brindar alternativas de regularización migratoria para esta población acorde a sus necesidades y contexto, y a la Ley de Migración.
El campamento que se establecería en Chiapas no es la opción, por el contrario, agrega Inumi, el gobierno mexicano debe implementar una solución para la protección de migrantes de Haití: alternativas reales para la regularización como tarjeta por razones humanitarias con permiso para trabajar, regularización por hija o hijo nacido en México, o una tarjeta de residente temporal si cuentan con una oferta de trabajo, entre otras opciones contenidas en la Ley de Migración.
Las opciones citadas fueron prometidas en el 2018, en la administración de Enrique Peña Nieto y los comienzos del actual sexenio, pero solo sirvió para contener la entrada de los primeros éxodos migratorios provenientes de Centroamérica. Por lo que, Inumi se une y reitera el llamado de otras organizaciones que piden el respeto a la propia Ley de migración y acuerdos internacionales.
De enero a agosto de 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 18 mil 833 solicitudes de protección de personas haitianas, lo que ha desatado la alerta de organizaciones de la sociedad civil, incluso institucional al reconocer que se tratan de cifras históricas.
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