SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Dan salvedad a proyecto: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Este derecho no aplica en riesgo de vida: Ministro

NACIONAL

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El ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto.

El personal médico y de enfermería no puede invocar la objeción de conciencia cuando su ejercicio ponga en riesgo la vida del paciente o si se trata de una urgencia médica, incluso en casos de interrupción legal del embarazo. 

Así lo señala el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Luis María Aguilar que el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este lunes y que plantea validar el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que establece que médicos y enfermeros pueden ejercer la objeción de conciencia para negarse a realizar alguno de los procedimientos sanitarios que forman parte de los servicios de salud que presta el Estado Mexicano, cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas y de conciencia, salvo que corra peligro la vida de la persona que requiere la atención o si es una urgencia médica. 

Este proyecto deriva de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el decreto publicado en 2018 por el que se agregó ese artículo y contra el segundo y tercero transitorios de esa ley, por considerar que permitir que se invoque la objeción de conciencia restringe el derecho a la salud, incluso destacó el caso de la interrupción legal del embarazo, pues la Comisión señaló que al negarse los médicos y enfermeros a participar en esos procedimientos, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos y al libre desarrollo de la personalidad, y se impone una carga a la mujer que tendrá que trasladarse a clínicas que cuenten con personal no objetor o acudir a lugares inseguros o ilegales ante la negativa de la atención médica, poniendo en riesgo su salud y su vida. 

Al respecto, el ministro indicó que la objeción de conciencia no es un derecho absoluto ni ilimitado, tampoco un derecho a desobedecer leyes ni una restricción al derecho a la salud, y en el caso de la interrupción legal del embarazo, el Estado tiene la obligación de garantizarla en tiempo, con calidad y sin que exista alguna forma de discriminación en contra de la mujer. 

El proyecto reconoce la objeción de conciencia como un derecho individual, pero si los médicos o enfermeros lo ejercen, no pueden emitir juicios religiosos e ideológicos que discriminen a los pacientes y ni persuadirlos para que no se realicen los procedimientos. Además, el ministro señaló que el Estado debe asegurarse de contar con equipo médico no objetor de conciencia o realizar el traslado del paciente a un hospital en donde se le realice el procedimiento. 

Rebeca Lorea, coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida, señaló que, de aprobarse el proyecto, el reto será que la decisión de la Corte llegue a todo el personal médico y no sólo se queden con la idea de que pueden objetar, sino que cumplan con el resto de las obligaciones señaladas por el máximo tribunal.

"Si llegara el caso de algún médico, enfermera que promueve un amparo porque no quiere hacer un aborto por violación, quien resuelva ese asunto lo va a tener que resolver tomando en cuenta y aplicando lo que diga la Corte que en ese caso no se puede objetar", señaló.

dza