SCJN

Suprema Corte confirma admisión de controversia de Laura Rojas contra militarización

El Pleno del máximo tribunal revisará el acuerdo presidencial que establece la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública

NACIONAL

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Suprema Corte confirma admisión de controversia contra militarización (Foto: Especial)

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el Pleno del máximo tribunal revisará el acuerdo presidencial que establece la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

Como presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas presentó una controversia constitucional contra ese acuerdo del Ejecutivo federal.

La demanda fue admitida por la ministra Margarita Ríos Farjat, e inconforme con esa decisión, Presidencia de la República presentó un recurso de reclamación.

Según el Ejecutivo federal, Rojas se excedió en sus atribuciones al presentar la controversia sin que lo aprobara la mayoría de los integrantes de la Cámara.

Rojas señaló en su cuenta de Twitter que la decisión de este miércoles de la Corte desestima los argumentos de los que aseguraron que una presidenta de la Cámara de Diputados no puede presentar este tipo de demandas sin que lo apruebe el pleno.

“La Corte confirmó la admisión de la controversia constitucional que en mi calidad de Presidenta de la Cámara de Diputados presenté en contra del acuerdo militarista del Ejecutivo. Por fin analizarán si las fuerzas armadas en tareas de seguridad lo hacen bajo la Constitución.

“Se desestimaron los argumentos de quienes decían que el o la Presidenta de la Cámara no podía presentar controversias constitucionales por sí, sin aprobación del pleno”, indicó en un tuit.

El Colectivo Seguridad Sin Guerra señaló este miércoles en su cuenta de Twitter que faltan 938 días para que las Fuerzas Armadas dejen de hacer labores de seguridad pública, esto porque la reforma constitucional de 2019 indica que el 26 de marzo de 2024 se retiran de estas tareas.

Amnistía Internacional y el colectivo señalaron que la decisión del gobierno federal de continuar con un enfoque de militarizar la seguridad pública detonó el aumento de quejas por violaciones graves de derechos humanos.