DISCRIMINACIÓN

Niña con discapacidad auditiva consigue amparo para obtener útiles escolares por medio de la Defensoría Pública

Se consideró que la menor de edad estaba siendo sujeta a discriminación

NACIONAL

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Las autoridades fallaron a favor de los derechos de la menor de edad

Valeria iba en primaria. Como otras niñas de su edad, todas las mañanas empacaba su estuche de lápices, cuadernos y libros antes de ir al colegio. Un día comenzó a tener problemas auditivos, por lo que sus padres la llevaron al ISSSTE; tenía 10 años y le diagnosticaron Síndrome de Townes Brocks, discapacidad auditiva y motriz, escoliosis e hipoplasia renal. Desde ese momento, todo en la vida de Valeria cambió. 

El nivel y calidad de vida de las personas con alguna discapacidad impacta fuertemente en su entorno familiar, social y económico. La discapacidad auditiva de Valeria no fue la excepción, y uno de los principales retos a los que se enfrentó fue su calidad educativa. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de las escuelas, públicas o privadas, no cuentan con intérpretes de Lengua de Seña Mexicana (LMS) que hagan realidad su inclusión.

La mayoría de las personas con discapacidad auditiva nacen en una familia oyente, es decir, son la primera de su familia que no escucha. Después de aceptar la discapacidad de un integrante, las familias se enfrentan a la toma de decisiones importantes, como el tipo de educación especializada para sus hijas o hijos. 

Desde 2017 Valeria se encuentra inscrita en una Institución de Asistencia Privada, en la cual desarrolló la LSM como lengua materna y el idioma español como segunda lengua. 

Este tipo de instituciones representan un reto económico muy importante para los familiares. Por ello, para mejorar su situación y calidad de vida, en 2019 su padre solicitó al Gobierno de la Ciudad de México información sobre los programas para personas con discapacidad, particularmente para niñas y niños, así como útiles escolares, uniformes gratuitos y alguna beca de apoyo a estudiantes a favor de su hija. 

A las semanas, el Gobierno de la CDMX le informó dos aspectos puntuales:

  • La Secretaría de Bienestar Federal cuenta con el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que apoya a personas de 0 a 29 años con discapacidad permanente con un monto bimestral de $2,550; 
  • A  través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social se otorgan vales electrónicos para la adquisición de uniformes y paquete de útiles escolares. 

Sin embargo, los lineamientos de estos programas sociales únicamente están dirigidos a niñas, niños y adolescentes inscritos en alguna escuela pública, dejando fuera a todos aquellos que estudien en instituciones privadas. 

La situación del padre de Valeria no se veía fácil. No obstante, gracias a la intervención del Instituto de Defensoría Pública Federal, tuvo acceso a una correcta asesoría sobre el caso de su hija y a ser representado para obtener las medidas de accesibilidad acordes a la situación de discapacidad que enfrentaba Valeria. Tras un litigio de excelencia, la Defensoría Pública logró la inclusión de Valeria a un programa social, el cual debe contar con al menos 3 apoyos:

  • 1. Económico, suficiente para afrontar las cargas que genera su situación particular.
  • 2. Educativo, que ayude a su integración plena en la sociedad.
  • 3. Me´dico-psicolo´gico, adecuado para proteger el derecho a la salud.

La Defensoría Pública pertenece al Poder Judicial de la Federación (PJF) y presta asesoría gratuita a todas las personas que lo necesiten en relación con asuntos o delitos federales, así como a llevar la correcta representación de las personas que más lo necesiten en favor de garantizar sus derechos humanos. En otras palabras, es el gran Instituto defensor del pueblo, de la gente más vulnerable. 

Desde la administración del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Arturo Zaldívar, La Defensoría se ha visto fortalecida como nunca en su historia: se ha incrementado el número de defensores del pueblo, se han especializado los campos de los defensores y los servicios de la propia Defensoría, actualmente se cuenta con una oficina de la Defensoría en cada entidad de la República mexicana, así como un número telefónico gratuito para orientación (DEFENSATEL: 800 2242426). 

La importancia que hoy día se le da a la Defensoría Pública es de la más grande relevancia para efectos del Estado mexicano. No podemos hablar de un poder equilibrador ni de justicia cuando la defensa que el PJF debe prestar a las personas que más lo necesitan no es de calidad ni accesible a todas las personas. 

Cuando hablamos de defensores de oficio de una defensa adecuada, y de acceso de la justicia, en el PJF hablamos de la Defensoría Pública. Hablamos de los casos como el de Valeria; casos sobre igualdad, inclusión, no discriminación. Hablamos, pues, de justicia; sin cortapisas ni privilegios. 

HISTORIA DEL LITIGIO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA A FAVOR DE VALERIA

Al poco de tiempo de la respuesta del Gobierno de la CDMX, la Defensoría presentó un amparo, en representación del padre de Valeria, por considerar que las disposiciones reglamentarias expuestas eran discriminatorias. Específicamente solicitó que el juzgado adoptara medidas de accesibilidad acordes a la situación de discapacidad que enfrenta Valeria, y que la información fuese transmitida con un lenguaje sencillo y a través de un intérprete de LSM

En un primer momento, el juzgado negó la petición de brindar el apoyo económico a Valeria por haber concluido el periodo escolar para el cual se había solicitado y debido a que no había iniciado el siguiente. También determinó que las autoridades deben iniciar un procedimiento inmediato para integrar a Valeria a un programa social que corresponda a su situación particular. El Instituto interpuso un recurso de revisión en el que se argumentó que el gobierno, a través de sus instituciones, tiene la obligación de garantizar la plena inclusión de todas las personas con discapacidad, principalmente de niños, niñas y adolescentes.

Por lo que en febrero de 2021 un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México recalcó que la niña Valeria se encuentra en una situación de discriminación múltiple, pues se trata de una persona menor de edad, mujer y con una discapacidad auditiva. Determinó que se le debe incluir inmediatamente en un programa de apoyo público acorde a su situación particular, con el propósito de proteger sus derechos humanos como la educación, salud, no discriminación, y el interés superior de la niña. Todo ello para impulsar su proyecto de vida.

El Tribunal Colegiado estableció que, en la inclusión inmediata de Valeria a un programa social, debe contar con al menos tres apoyos de carácter:

  • 1. Económico, suficiente para afrontar las cargas que genera su situación particular.
  • 2. Educativo, que ayude a su integración plena en la sociedad.
  • 3. Me´dico-psicolo´gico, adecuado para proteger el derecho a la salud.