El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó transferir la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con lo que dejará de formar parte de la Secretaría de Gobierno.
Lo anterior, una vez que las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pùblica; a la Ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana; y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sean publicadas en la Gaceta Oficial de la capital.
Esto fue aprobado con 44 votos a favor y 8 votos en contra del PAN; por lo que la regulación, administración y operación de 13 Centros de Reclusión para adultos correrá a cargo del titular de seguridad, Omar García Harfush.
Asimismo, el PAN y PRD advirtieron a Morena que este documento viola el derecho a la salud de las personas reclusas, pues si el área médica no cuenta con los instrumentos para atenderlo se le trasladará a un hospital privado, siempre y cuando, él o su familia puedan correr con los gastos.
“La Comisión Derechos Humanos de la Ciudad de México podrá presentar una controversia constitucional pues se viola el acceso a la salud”, expusieron el panista, Federico Döring y el perredista, Jorge Gaviño.
Al hacer uso de la voz en la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Leticia Varela señaló que con estas reformas se busca combatir los delitos como secuestro y extorsión telefónica que son los que más registros se tienen dentro de las cárceles capitalinas.
Añadió que para esto se trabajará en cinco ejes: inteligencia penitenciaria; desarrollo penitenciario; coordinación interinstitucional; homologación de normas y procedimientos; y combate a la corrupción.
“La Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con las capacidades para albergar a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y pronto dará mejores resultados”, aclaró.
Por su parte, el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño presentó seis reservas de fondo al dictamen, de las cuales solo dos fueron aceptadas por los legisladores.
La primera reserva aceptada fue agregar que: “queda prohibido todo contacto físico entre cualquier persona servidora pública y las personas visitantes, además de obligar a las personas visitantes a desnudarse y realizar actos que vulneren su dignidad e integridad personal, con el pretexto de buscar objetos prohibidos al interior de los Centros Penitenciarios”.
Mientras, que la segunda aprobada hace referencia a que separarán a niñas y niños de sus madres, quienes están reclusas, antes de que cumplan 6 años y no 3 como lo marcaba el dictamen.
Asimismo, Gaviño presentó una reserva que pretendía garantizar el derecho a la salud de los reclusos, no obstante, esta fue rechazada por Morena, y este advirtió que la Comisión de Derechos Humanos de la capital podría presentar una controversia constitucional sobre el asunto.
Y es que dijo que el documento aprobado pretende que cuando las unidades médicas oficiales no cuenten con los medios para atender la enfermedad de la persona privada de la libertad, el traslado a hospitales particulares únicamente procederá si el gasto corre a cargo de la persona privada de la libertad o sus familiares.
Por lo que, el perredista proponía la siguiente redacción: “el traslado a hospitales particulares únicamente procederá cuando las unidades médicas oficiales no cuenten con los medios para atender la enfermedad de la persona privada de la libertad”.
“Ojalá no lleven en su conciencia la muerte de las personas que no tienen dinero para ser atendidas”, apuntó.
El dictamen fue enviado a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.