En sesión extraordinaria y con cambios de último momento en el dictamen que generaron dudas, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó este viernes la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la que se regula el procedimiento constitucional para someter a juicio penal al Presidente de la República cuando incurra en algún delito marcado por la ley.
El dictamen, que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pero conserva gran parte de la redacción de la misma, fue modificado de último momento en su artículo 42 por una reserva de la diputada morenista María del Carmen Almeida, cambio que a decir de la diputada por MC, Martha Tagle, dificulta que el presidente enfrente la ley.
“Con esta reserva que están metiendo, no lo separan del cargo porque lo que hace la Declaración de Procedencia es separarlo del cargo para que pueda ir ante las autoridades a que apliquen lo que dicen la legislación penal, y lo que están pretendiendo es meter una serie de galimatías en este artículo para que al presidente ni se le retire del cargo ni pueda realmente acudir ante las autoridades penales, como corresponde. Entonces, es nuevamente una simulación que justamente con esta reserva ustedes mismos la están poniendo en evidencia, no tienen intención de que se juzgue al presidente”, dijo la legisladora.
La propuesta original del artículo 42 decía que “si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la personal titular de la Presidencia de la República en la sentencia decretaría su destitución del cargo y le sujetará a la jurisdicción del órgano judicial competente para que continúe el procesamiento penal del inculpado, en su caso hasta la imposición de la pena correspondiente”.
Sin embargo, la reserva redujo la redacción para quedar: “si el jurado de procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República resolverá con base en la legislación penal aplicable”.
La diputada Almeida justificó que “si queremos que nadie esté por encima de la ley, pero debemos ser razonables en este sentido”, por lo que con la reserva el Legislativo está siendo “prudente” para someter a juicio al titular del Ejecutivo federal antes de decretar su destitución.
Y es que con la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución, que entró en vigor el 19 de febrero pasado, el presidente de la República puede ser enjuiciado cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
“Esto significa que debemos ser prudentes porque estamos hablando de cualquier delito. Entonces, destituir al presidente por cualquier delito… nos estamos apegando a lo que establece el artículo 111, en el cuarto párrafo, donde dice en este supuesto la Cámara de Senadores resolverá con base a la legislación penal aplicable. Es decir, ser prudentes sí, que el propio titular del Ejecutivo responda a la ley en caso de encontrarlo, digamos, con sospecha de la comisión de un delito, pero que se apegue a nuestro código penal”, dijo.
El dictamen surge de una iniciativa presentada por la bancada de Morena el 21 de julio pasado ante la Comisión Permanente del Congreso. Su aprobación de este viernes generó críticas y reclamos de MC y del PAN porque, señalaron, se está legislando al vapor sin analizar profundamente la propuesta ni convocar a parlamento abierto para escuchar a expertos.
También reprochan que la Comisión de Gobernación ya había cerrado sus trabajos de la 64 Legislatura, y la razón de convocar a una sesión extraordinaria para sacar la ley evidencia que fue por presión del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Llama la atención que dicen que urge (la ley), es un tema importante y todavía nos quedan 15 días (de Legislatura) y en esos 15 días hay que sacar los pendientes. Pues habría que convocar a todas las comisiones para sacar los pendientes ¿por qué nada más este? Como bien dijo la diputada Tagle, porque es un mandato del monarca que vive en el Palacio Nacional y entonces hay que obedecer a ciegas”, dijo el panista Fernando Torres Graciano.
El dictamen fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para su eventual discusión en el Pleno de San Lázaro.
DRV
