Ambientalistas de Querétaro pidieron la protección para las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, el agua y las áreas verdes del estado, en protesta por las amenazas de muerte que recibió la activista América Vizcaíno tras denunciar a un particular por poseer ejemplares de una especie protegida de felinos.
En una carta dirigida al gobernador Francisco Domínguez Servién, firmada por la ambientalista María del Carmen Siurob, se pide “proteger ampliamente a cada una de las personas dedicadas a la defensa del ambiente, agua y territorio del estado de Querétaro”.
De acuerdo con Siurob y otras activistas, América Vizcaíno no es el único caso de intimidación, porque sucede lo mismo con defensores medioambientales y colectivos, como en los casos de Zibatá, Ejido Cerro Prieto y El Zapote, donde se demanda respetar el derecho al agua y el cuidado de áreas de protección.
En algunos casos, afirmó María del Carmen Siurob, hay hostigamiento en los trabajos, violencia digital y amenazas veladas que pretenden intimidar su labor de defensa medioambiental.
Siurob y Vizcaíno pidieron a las autoridades poner en marcha todos los instrumentos necesarios para cumplir el acuerdo de Escazú y brindar protección a los defensores, ya que existe preocupación “ante las amenazas vía telefónica que recibió nuestra compañera ambientalista América Vizcaíno”.
América Vizcaíno denunció que recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica “por la persona que denuncié por la posesión ilegal de felinos, ubicados en la calle San Juanico, colonia Villas del Mesón en Juriquilla” y responsabilizó al encargado de despacho de la delegación de la Profepa, Gabriel Zanatta de divulgar sus datos personales al denunciado.
Detalló que presentó la denuncia el 16 de julio pasado y al día siguiente, el particular confirmó el retiro de los animales del lugar, “sin saber quién se los llevó”, pero el pasado 19 de julio recibió una llamada telefónica anónima de amenaza de muerte “por haberme metido con sus animales”.
Las ambientalistas exigieron garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales pueden actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad, porque “los beneficios son nacionales, no solo para Querétaro”.