En las elecciones del próximo 6 de junio ellos no podrán votar, son adultos que están privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 2 de Apodaca, en Nuevo León y adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran en internamiento.
Hasta ayer se enteraron del programa piloto que implementó el Instituto Nacional Electoral (INE)—derivado de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— en cinco cárceles federales para que 949 personas en prisión preventiva puedan emitir su voto.
Integrantes de la asociación Reinserta, encabezados por su directora Saskia Niño de Rivera, realizaron en el Cereso 2 y en el Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores, en Nuevo León, diversas actividades para que personas privadas de su libertad elaboraran un pliego petitorio para los siete candidatos a la gubernatura del estado.
En las canchas de basquetbol del centro para adolescentes en conflicto con la ley, 20 jóvenes, entre ellos cinco mujeres, coincidieron en que no conocen a los aspirantes políticos ni sus propuestas, pero les pidieron que trabajen en oportunidades de empleo para los jóvenes, en arte, educación y deporte, así como en la legalización del uso lúdico de la marihuana.
En el Cereso 2, 19 internos platicaron su experiencia en el penal de Topo Chico que en 2019 cerró sus puertas: el autogobierno en esa prisión a cargo de Los Zetas, es un recuerdo común entre estos hombres privados de su libertad.
Niño de Rivera destacó que, por primera vez, internos podrán votar, pero consideró que el plan piloto también debió aplicarse en prisiones estatales.
En entrevista con El Heraldo de México, Alejandro Balderrama, director de Reinserción Social de la Agencia de Administración Penitenciaria en Nuevo León, aseguró que en esa cárcel hay mil 576 internos y 557 están en prisión preventiva, por lo que, de ser aplicado en prisiones estatales el programa piloto del INE, estarían en condiciones de votar.
A nivel estatal, tres mil 173 internos podrían emitir su voto por estar sujetos a proceso penal en las cuatro cárceles estatales, sin embargo, por ahora, eso no ocurrirá, aunque según el funcionario, es posible que sea una realidad en las elecciones de 2024.
POR DIANA MARTÍNEZ / ENVIADA
MAAZ