Cuando los señalamientos hacia el Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México eran más evidentes, desde el Senado de la República se frenó una investigación, en febrero de 2018, para que la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República realizaran una investigación a este grupo.
Los senadores del PRl solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México, gobernado en ese entonces por Miguel Ángel Mancera, a realizar las investigaciones correspondientes sobre los presuntos actos de corrupción y conflicto de interés de diversos funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Secretaría de Desarrollo Económico en la construcción y venta de inmuebles en la Ciudad de México, a fin de deslindar responsabilidades, pero el planteamiento fue desechado por la Cámara Alta.
"Consideramos de vital importancia que la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República realicen las investigaciones correspondientes para identificar, sancionar y prevenir delitos como cohecho, actos de corrupción y un posible conflicto de interés", señaló el Grupo Parlamentario.
Al retomar versiones periodísticas sobre el actuar del Cártel Inmobiliario, los legisladores señalaron que había conductas catalogadas como conflicto de interés.
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"Representa una clara trasgresión a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece que esta figura puede darse cuando exista una afectación del desempeño imparcial de servidores públicos".
Bajo el instrumento que empleó el Cártel Inmobiliario en la administración pasada, que llevaba por nombre Sistema de Actuación por Cooperación (SAC), se ejecutaron más de 60 proyectos a través de convenios de adhesión.
POR CARLOS NAVARRO
MAAZ