En el encierro que trajo consigo la COVID-19, los datos oficiales tomaron mayor relevancia no sólo en materia de salud, donde se reportan los casos y muertes diarias del país y cada entidad, o se reflejan los montos extraordinarios que se destinan para la atención de la pandemia, sino también en las estrategias para buscar la reapertura.
No obstante, suman al menos 11 entidades que, a pesar de lo que dicta la ley de transparencia y acceso a la información sobre la publicación trimestral de datos públicos, no cuentan con información actualizada desde 2020 o incluso 2019, en materias como turismo, salud, pobreza e informalidad, que de acuerdo con la ONU, representan los sectores más afectados por la pandemia en México.
De acuerdo con una revisión de los portales de transparencia, Aguascalientes, Nayarit, Tlaxcala y San Luis Potosí, son las entidades más atrasadas en cuanto a la publicación de datos abiertos, pues su última actualización se hizo en 2019.
Para Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil, organismo que mantiene una vigilancia de los recursos empleados en la pandemia, la COVID-19 fue un detonante para la opacidad, ya que, ante la falta de personal en las oficinas, se dejaron de publicar las obligaciones.
Hasta la primera quincena de abril se detectó el uso de más de 636 mil millones de pesos anunciados en páginas oficiales de gobierno, destinados para atender la pandemia; no obstante, sólo 13 mil 800 millones de pesos corresponden a los estados y lo demás proviene del gobierno federal.
Sin embargo, se estima que se han utilizado más recursos estatales, los cuales no han sido auditados; en contraste, a raíz de la emergencia sanitaria, sólo la CDMX, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco y Sonora mantienen un esquema público de las nuevas contrataciones de personal.
Por Frida Valencia
PAL