A dos años de que una médica residente de la Secretaría de Salud del Estado, denunció ser agredida por el entonces jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Universitario, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), emitió una recomendación a la dependencia estatal.
Se trata de la primera recomendación emitida en el año y del actual presidente de la CDHEC, Roberto Ramírez, cuya causa es la vulneración de los derechos al trato digno, a la legalidad y seguridad jurídica de la víctima, poniendo en peligro su integridad física, psicológica y sexual.
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Al analizar los expedientes respectivos de los hechos ocurridos en 2019, la comisión consideró que la autoridad señalada violentó los derechos humanos de la agraviada, pues tenía la obligación de proteger y privilegiar el bienestar tanto físico, psicológico y emocional de la quejosa desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Dicha situación ocurrió en el área de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Universitario, donde el señalado como agresor tenía el cargo de Jefe del área.
Por las indagatorias efectuadas, testimonios, dictámenes y evidencia, se acreditó que las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, omitieron realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la legalidad y seguridad jurídica a la quejosa, en la tramitación, procedimiento y resolución ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.
También se observó que no se tomaron las medidas necesarias para proteger a la médica, pues de acuerdo con las pruebas, fue cambiada de área laboral al Hospital Materno Infantil, donde posteriormente se le impuso como superior a la misma persona que señaló como su agresor; situación que puso en riesgo su integridad y seguridad personal.
Por ello, la CDHEC recomendó a la Secretaría de Salud que se realicen las acciones necesarias para la reparación integral del daño a la quejosa y se le brinde la atención psicológica que requiera.
Además, pide que se le ofrezca una disculpa pública a la agraviada por la violación a sus derechos humanos, al encontrarse en situación de vulnerabilidad por ser mujer y víctima de violencia.
Asimismo, se pide iniciar el procedimiento de investigación correspondiente para que se determinen las responsabilidades administrativas o judiciales que resulten, en contra de las y los servidores públicos responsables, para la aplicación de sanciones.
Por Martha de la Torre
CBC