Quienes comercialicen o compren pruebas apócrifas con resultados negativos para Covid-19 u otras enfermedades serán acreedores de una sanción de cuatro a ocho años de prisión, y una multa de 26 mil a 179 mil pesos, propuso ante el Pleno del Congreso de la CDMX, Nazario Norberto Sánchez.
El diputado presentó dos iniciativas de ley –una federal y otra local, para adicionar este delito, y su pena en la Ley General de Salud y el Código Penal de la capital, respectivamente.
Explicó que los testeos apócrifos se venden en las calles del Centro Histórico, principalmente en la Plaza de Santo Domingo: “Este tipo de certificados o constancias médicas alteradas ponen en peligro la salud de otras personas”.
Los vendedores, dijo, usurpan la identidad de laboratorios como El Chopo, Salud Digna y Olab.
Por Cinthya Stettin
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