El Congreso de Tamaulipas dio marcha atrás en el blindaje acordado para impedir el desafuero del Ejecutivo del Estado y accede a reconocer la jurisdicción y respeto a las decisiones de la Cámara de Diputados sin entrometerse.
Con dispensa de trámite y sin debate el Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el grupo del PAN mediante la cual se abrogan, y, por tanto se dejan sin efecto en su totalidad los acuerdos mediante los cuales se establecieron las reglas del procedimiento de homologación para el desafuero.
El pasado día tres del presente el Congreso aprobó un acuerdo en el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos o lo que se ha dado en llamar el blindaje para el Ejecutivo y por lo cual la Cámara de Diputados presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de controversia constitucional.
Posteriormente, el día 12 del presente se introdujeron cambios en la redacción del contenido de los puntos I, II, VI, VII y VIII del artículo Primero del Acuerdo aprobado por el que se establecen las reglas del procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confiere al Congreso del Estado.
De manera sorpresiva el diputado Felix Fernando García Aguiar, presidente de la comisión de Justicia, presentó la iniciativa mediante la cual se abroga tal acuerdo y también las modificaciones posteriores dejando sin efecto tal acuerdo.
La iniciativa fue aprobada con los votos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano y ante la cual el grupo de Morena se abstuvo.
Con la abrogación de tal acuerdo la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados la semana pasada quedaría sin materia.
En los considerandos se expone que tales acuerdos, lejos de representar un intento de blindaje institucional a favor del ejecutivo del Estado, de los diputados locales o de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, representan el cumplimiento de las obligaciones del Congreso.
En las consideraciones de la iniciativa para la abrogación del acuerdo el grupo del PAN sostiene que lejos de representar un intento de blindaje institucional a favor del ejecutivo del Estado, de los diputados locales o de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, representan el cumplimiento de las obligaciones del Congreso contemplada en la Constitución.
Y reitera que el acuerdo al cual ahora se abroga y deja sin efecto es un acto de autoridad estrictamente legislativo, que da de certeza jurídica a los sujetos que pueden ser objeto de desafuero, respecto del procedimiento que el Congreso del Estado siga, a efecto de determinar si procede, o no, homologar la declaratoria de procedencia que, en su caso, emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de dichos servidores públicos locales.
José A. Hernández
AV