La familia de Sandoval, en red de lavado

Detectan a la esposa, dos hijos y un sobrino en operaciones irregulares

La familia de Sandoval, en red de lavado
TRAS ELLOS. Hay una orden de aprehensión en contra de Sandoval y su hija Lidy Alejandra. Foto: Especial

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, presuntamente involucró a su esposa e hijos y a instituciones federales en una red de lavado de dinero y posible desvío de recursos públicos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó una investigación y detectó irregularidades financieras que podrían formar parte de un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el que está vinculado el exmandatario estatal, sus familiares y empresas.

Según los datos de la UIF a los que tuvo acceso El Heraldo de México, Ana Lilia López Torres, esposa de Sandoval y sus hijos Pablo y Lidy Alejandra posiblemente participaron en la red mediante operaciones financieras irregulares para ocultar el origen de los recursos económicos, así como el destinatario final.

Esto derivado de que durante la administración de Sandoval como gobernador, se celebraron contratos entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comercializadora Rescer, S.A. de C.V., empresa que registró como autorizado a Manuel “H”, presunto operador financiero de Sandoval y a su sobrino Hugo “S”, señalado como principal operador político y financiero del exfuncionario.

Los recursos obtenidos de esos contratos presuntamente llegaron a las cuentas del exgobernador y su familia.

Luego de la indagatoria, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República el 24 de enero de 2020 en contra de cuatro personas físicas y tres morales que quedó radicada en la Unidad Especializada en Investigación de  Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

De esta denuncia derivó la orden de aprehensión que concedió un juez federal en contra de Sandoval y su hija Lidy Alejandra por un presunto lavado de dinero que causó el detrimento económico de las finanzas públicas de Nayarit.

La UIF pidió que se dé vista a la Procuraduría Fiscal Federal, el Servicio de Administración Tributaria y a la Fiscalía General de Justicia de Nayarit.

Por Diana Martínez

 


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