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Proponen CÁRCEL y MULTAS para quienes inciten al odio desde discursos públicos

En la Cámara de Diputados se promueve una iniciativa para sancionar a servidores públicos

NACIONAL

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En la Cámara de Diputados se promueve una iniciativa para sancionar a servidores públicos. Foto: EspecialCréditos: Foto: Especial

En la Cámara de Diputados se lanzó una nueva iniciativa, esta por parte del PAN, para buscar erradicar los discursos que inciten al odio, intolerancia y hostilidad por parte de los servidores públicos, donde se podría dar hasta tres años de cárcel o multas que podrían llegar a los 18 mil pesos en caso de ser necesario. 

El motivo por el que la legisladora Adriana Dávila considera que se tiene que promover esta iniciativa tiene que ver con el poder del discurso de los servidores públicos, mismo que se está convirtiendo en un arma para conseguir ganancias políticas, pero que al mismo tiempo está siendo cada vez más agresiva e incendiaria. 

"El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por  una cuestión de principios. El silencio puede ser una señal de indiferencia al fanatismo y la intolerancia, incluso en los momentos en que la situación se agrava y las personas vulnerables se convierten en víctimas", dijo la legisladora. 

No va contra la libertad de expresión 

En el discurso de Dávila Fernández, dejó claro que no quiere liminar la libertad de expresión ni prohibir el ejercicio de la misma de los servidores públicos, sino cuidar lo que se trasmite, ya que estos discursos podrían generar algo peor como sería el caso de la discriminación y la violencia en el país. 

"La política pública contra el discurso de odio debe fijarse como un horizonte normativo para la creación de una cultura de paz, respeto mutuo, respeto y valoración positiva de las diferencias; donde las autoridades, medios de comunicación y la sociedad debe desalentar y someter a crítica las expresiones que incitan al odio", expresó Dávila. 

Por lo que no solo los servidores públicos, sino también las personalidades de los medios de comunicación estarían expuestas a las sanciones, mismas donde se promueven tres opciones. La primera es de uno a tres años de cárcel, la otra es hacer de 150 a 300 días de trabajo comunitario y la última es que sea una multa de 200 días, misma que sería cerca de 18 mil pesos. Todo dependerá de los actos de discriminación y las expresiones que se juzguen. 

dza