El abogado Javier Martín Reyes aseguró que antes de analizar la regulación de las redes sociales en México, se debe contemplar qué es lo que se debe normar, ya que no se puede únicamente limitar lo que hacen los servidores públicos en estos espacios, ya que esto está ligado con la libertad de expresión y de información de la ciudadanía.
Sin embargo, el también politólogo y académico del CIDE, explicó que una modulación directa de estas páginas puede complicar el asunto, debido a que estas empresas privadas estarían sometidas a los designios del gobierno y a sus intereses.
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Agregó que las sedes de compañías como Facebook o Twitter no están en el país y que cuando los usuarios se unen a ellas aceptan un contrato en el que se establecen las maneras en las que se desarrolla la relación entre ambas partes. Por esta razón, apuntó, el modificar la normativa de estos espacios es complicado en muchos niveles.
Informó además que esta clase de páginas no pueden ser regidas igual que otras plataformas informativas que operan en la República, ya que su plataforma no depende del espectro radioeléctrico mexicano.
Aseguró que el gobierno de México pretende evitar las críticas y además censurar a los opositores de la administración federal.
“Este tipo de restricción de contenidos o, es decir, de punto de vista son las más difíciles de limitar en una democracia”.
Finalizó asegurando que cualquier tentativa para evitar la publicación de contenidos en contra de los servidores públicos es en sí un mensaje en contra de la democracia, por lo que la administración federal debe prescindir de ella.
GDM