El escándalo sobre los multimillonarios contratos otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un nuevo giro. Ahora Felipa Guadalupe Obrador Olán promovió un juicio amparo contra el veto ordenado por su primo, el titular del Ejecutivo federal.
En el juicio, López Obrador es acusado de vulnerar y violentar su derecho al imposibilitarla de tener relación comercial y laboral con empresas públicas del Estado, lo anterior ejecutado contra la empresa Litoral Laboratorios Industriales.
El veto la ha marginado de todas las licitaciones que emite Pemex, aseguró Obrador Olán en su escrito, e incluso ha presentado propuestas en dos ocasiones, pero han sido desechadas por la comisión y se le conminó a no continuar interviniendo en dichos procesos.
Violación a artículo
Felipa Obrador promovió el juicio el pasado 27 de enero, con número de expediente 62/2021, ante Grissell Rodríguez Febles, juez primero de Distrito en Campeche, en el cual señala que el memorándum 016/06/13/19 emitido el 13 de junio de 2019 por el Presidente de México.
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Argumentó que ello representa una violación al artículo 123 constitucional que le da el derecho a tener un trabajo digno y promover empleos.
El 28 de enero, la juez desechó la solicitud de amparo indirecto, debido a que consideró que el memorándum en debate no produce agravio personal y directo a la empresa quejosa, no ha sido base o fundamento para que se rescindiera el contrato a que alude la empresa Litoral Laboratorios Industriales.
Cancelación de contratos
De igual forma, se determinó que la cancelación de los contratos de Pemex debió impugnarla en un Juicio Contencioso Administrativo Federal antes de promover un amparo indirecto, y negó en ambos casos la protección federal a favor de Felipa Obrador apoderada de Litoral Laboratorios Industriales.
De acuerdo con el caso, la Presidencia emitió el memorándum 016/06/13/19, al que se hizo alusión en diciembre de 2020, luego de que se dieron a conocer los contratos por más de 300 millones de pesos, fruto del presunto tráfico de influencias y corrupción.
Por Guillermo Officer y Gabriel Viche