“Si caigo en manos equivocadas no daré ni los números ni sus nombres”, dijo Glenda Suyapa Asencio Hernández antes de huir de El Salvador con su hijo de 12 años. Glenda se propuso alejar al adolescente del reclutamiento de las pandillas que, meses antes de su partida, mataron a uno de sus hermanos.
A principios de junio de este año, pagó 7 mil dólares a un pollero para que los trasladara de su país hasta Estados Unidos. El 15 de junio fue asegurada por ‘la migra’, separada de su hijo y regresada a Reynosa, Tamaulipas. Su hijo logró ingresar a Estados Unidos por un integrante de su familia con estancia permanente, pero Glenda no corrió con la misma suerte. Las autoridades migratorias la liberaron el 21 de junio y horas después desapareció.
Durante este año, la migración incrementó por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos, a los anuncios respecto a las políticas migratorias, a la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.
Al atravesar este país las personas son víctimas de diversos delitos que muy pocas veces son investigados por las autoridades que revictimizan a las personas en movilidad humana, dejándolos sin acceso a la justicia.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, de enero a noviembre de 2021 se registraron 680 delitos cometidos contra personas en movilidad humana. Cifra no mayor al 2018 cuando se contabilizaron mil 423 y coincidente con la entrada masiva de migrantes en una caravana procedente de Honduras.
INVISIBLES PARA LA LEY
Los delitos que ocupan los primeros lugares de la lista actual son el tráfico ilícito de migrantes, robo, secuestro y extorsión, principalmente contra originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador. Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana, lamentó que las cifras públicas no evidencien la realidad, pues los migrantes no alcanzan la categoría de carpeta de investigación, “son víctimas invisibles, nadie las ve, nadie las sabe”.
En la reciente visita del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el gobierno de México tampoco tomó en cuenta en la cifra de 94 mil, los casos de desaparición de personas migrantes en tránsito por este país: delito que mucho aqueja y
del que poco se habla, coincidieron organizaciones.
Ante esta falta de acceso a la justicia, los familiares en los países del triángulo del norte crearon redes, pero estas no aglutinan ni el 20 por ciento de los casos de desaparición forzada, agregó Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países. “No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional.
Incluso, dijo, hay delitos como la extorsión y el secuestro donde existe complicidad de agentes migratorios y elementos de corporaciones encargadas de la seguridad, como el caso de Camargo, Tamaulipas.
Para Fabiene Cabaret, del Área de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, a pesar del aumento de las agresiones contra este sector no inhiben la migración de familiares de las víctimas.
Por ello persiste la preocupación por el contexto de la frontera norte y sur de México, pues el acceso a la justicia es un tema pendiente del gobierno que, por el contrario, frena el reconocimiento y el ejercicio de ese derecho.
“Existen instancias y mecanismos, pero es una lucha para su fortalecimiento y las personas puedan tener vía de denuncias y de comunicación. Legalmente sí hay formas de hacerlo, pero la realidad es distinta”.
TERRITORIO PELIGROSO
Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca, son las entidades mexicanas con mayor registro de delitos cometidos contra personas migrantes. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que existe un aumento en los delitos de extorsión y secuestro en Chiapas y Tabasco durante este 2021.
De 2016 a 2019, Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas encabezaron las listas de entidades con más delitos cometidos contra migrantes: secuestro, robo y tráfico de personas.
“Los migrantes son secuestrados y cuando sus familias no pagan el rescate les proponen trabajar para ellos y cuando se niegan a hacerlo los matan. Ellos, los propios migrantes son obligados a secuestrar a otros migrantes y a traficar con ellos”, lamenta la encargada de un albergue en Chiapas de identidad reservada, “es un círculo delictivo que no para, incrementa”.
El Heraldo de México solicitó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas las carpetas de investigación iniciadas por delitos contra migrantes, pero dijo no tener información, incluso sobre los el recién asesinato de dos cubanos en el municipio de Pijijipan, el pasado 1 de noviembre.
MAAZ