La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció que en dos días comienzan las audiencias sobre el desplome de la Línea 12 del Metro y será el Poder Judicial, quien defina finca o no responsabilidades contra servidores públicos, personas o empresas.
Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalina, la funcionaria local añadió que su principal tarea en este hecho, ocurrido el pasado 3 de mayo, fue cumplir con el derecho a la verdad, la garantía de la no repetición y el deslinde de responsabilidades.
Expuso que fueron tres delitos los que se analizaron: homicidio culposo, lesiones y daño a propiedad ajenas, y dejo en claro que “fue una investigación detallada, exhaustiva, profesional, seria y muy profunda”.
“La investigación se hizo con mucha certeza lo que nos permitió tener un documento, una opinión científicamente irrefutable y para ello nos dedicamos cinco meses a este hecho”, destacó.
Aseguró que la cárcel no es sinónimo de justicia y es por ello se deben impulsar los acuerdos reparatorios, incluso, dijo que ejemplo de ello son las víctimas de la Línea 12 del Metro.
Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalina, la funcionaria local dijo que la justicia restaurativa ayuda a construir paz y el tejido social, además de que se “evitan grandes y largos procesos judiciales”.
“La línea 12 del Metro es uno de los ejemplos de justicia reparativa. Las víctimas directas como indirectas están siendo resarcidas no en lo más fuerte que es lo que perdieron la vida sus familiares, pero sí con la idea de que se recupere el proyecto de vida de esas víctimas”, puntualizó.
Por otra parte, dijo que el techo presupuestal de 7 mil 200 millones de pesos que le marcó la Secretaría de Finanzas para el 2022, “representa 28.13 por ciento menos al autorizado este año”, continuará con los programas y acciones establecidos para garantizar la impartición de justicia.
Agregó que el Banco de ADN, que iniciara en breve operaciones, “es el más grande de América Latina”, porque es el mejor equipado pues tendrá la capacidad de procesar 6 mil perfiles genéticos al mes.
Aunque, destacó que el resto es mayor con este banco, principalmente, en materia presupuestal y es que “cada reactivo para obtener un perfil genético tiene el costo de 7 mil 500 pesos”.
Añadió que si bien en este momento no requiere apoyo de los legisladores, “ya les estaremos tocando la puerta”.
“Es suficiente para que lo pueda ampliar no solo a perfil genético de los agresores sexuales, sino con una gran capacidad de los perfiles genéticos de familiares de personas no localizables o desaparecidas”, concluyó.
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