Tras la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022, una persona física sólo podrá deducir hasta el 15% del total de sus ingresos en todos los apartados que se contemplen en el artículo 151 del la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).
Entre los rubros en los que generará un impacto es en los donativos a las organizaciones sociales. Ya que hasta diciembre del 2021, una persona física, por ejemplo, podrá deducir el 7% de los donativos a organizaciones sin fines de lucro, 10% en aportaciones complementarias para el retiro y 15% en gastos médicos, funerarios, intereses de créditos hipotecarios, transporte escolar, entre otros.
El gobierno justificó los cambios con el fin de incrementar el monto que recauda para destinarlo a programas sociales y el mandatario Andrés Manuel López Obrador declaró que la filantropía no es la función de las empresas, sino pagar impuestos. En tanto, el SAT ha justificado que una gran proporción no dona el 7% de sus ingresos anuales, por lo que supone que no habría afectaciones al respecto. Y ante lo aprobado por la Cámara de Diputados, lo que se podrá deducir una persona física por donativos individuales se engloba en el 15 por ciento.
Quitar el incentivo a las donaciones afectaría a las ONGs
Entonces, ¿cuál es el impacto en las Organización No Gubernamentales? Al reducir el margen de lo que se puede deducir de impuestos, entonces, una persona debe decidir los rubros, y esto implicaría una reducción en los ingresos de las organizaciones civiles, por lo que pondría en riesgo la operación de algunas.
“El hecho de quitar este tipo de incentivos fiscales lo que hace es no contribuir al fortalecimiento de una cultura de filantropía que tanta falta hace en México, especialmente en un contexto de pandemia, violencia, y de crisis económica”, declaró Dominique Amezcua, coordinadora de incidencia de la organización Alternativas y Capacidades para Animal Político.
Mientras que durante la discusión de Miscelánea Fiscal 2022, el diputado de la bancada del PRI, Ildefonso Guajardo Villarreal, refirió que la aprobación “pretende mantener la acción sistemática por resquebrajar a la sociedad civil organizada, mantener el ataque sistemático contra ellos y creo que eso es lo más preocupante”.
En la Cámara de Diputados se puntualizó que los cambios inhibirán más de 8,000 millones de pesos que reciben las organizaciones.
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