Desde el 1 de enero de 2022, sube el costo de entradas a museos, pasaportes, trámites migratorios, apostillamiento de documentos, y pago por licencias y permisos para fabricación, posesión y portación de armas de fuego, entre otras contribuciones al gobierno, de acuerdo con las reformas a la Ley Federal de Derechos.
En la propuesta del Ejecutivo, que hasta el cierre de esta edición se perfilaba para ser aprobada en la Cámara de Diputados como parte del Paquete Económico, se establecen aumentos en el pago de pasaportes ordinarios y oficiales; por ejemplo, el de vigencia por 10 años pasa de dos mil 840.62 pesos a tres mil 506.11 pesos, aumento de 23.42 por ciento.
También se incrementa el costo del boleto en museos, monumentos y zonas arqueológicas de la Federación.
Y es que, al reformarse el artículo 288 de la ley, se eliminan las cinco clasificaciones de los sitios culturales (AAA, AA, A, B y C), y en su lugar se crean tres categorías: I, II y III.
Los sitios AAA, como el Museo de Antropología, cuyo boleto costaba 80.60 pesos, los AA, de 77 pesos, y A, de 65 pesos, fueron reagrupados en la Categoría I, para generalizar su precio en 85 pesos.
Además, se fijarán cuotas en lugares en los que actualmente no se cobraba, como el Sitio Arqueológico Tlatelolco, que se posiciona en la categoría III, de 65 pesos.
Asimismo se incrementan hasta 200 por ciento algunos rubros en el pago de derechos por armas de fuego para defensa o caza, la fabricación de las mismas y de sus piezas, así como por su importación, exportación y transporte.
Por ejemplo, se propone reformar el artículo 195-T, apartado A, fracción I, que señala que “para la fabricación de armas de fuego, cartuchos, cartuchos de fuego central, armas deportivas o municiones esféricas de plomo” se pagarán 25 mil 860 pesos, un alza de 199 por ciento, con respecto a los ocho mil 620.08 pesos actuales.
El Ejecutivo federal argumentó que la Sedena, que tiene a cargo dichos servicios, revisó los importes de derechos vigentes y observó que “se encuentran muy por debajo de los costos reales de los servicios proporcionados”.
Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo
MAAZ