Debido a qué algunos comerciantes aún tiene en bodegas plásticos y unicel para ofrecer sus productos, se prorrogó todo enero la entrada en vigor de la llamada Ley Nayarit sin Plásticos, además de que se están afinando las sanciones o multas que se podrán aplicar para quien no cumpla la ley.
"Hay flexibilidad por el tema de la pandemia, sabemos que muchos negocios todavía tienen algunos materiales en sus bodegas, los acaben y ya no adquieran más; no se quiere afectar a la economía de los pequeños comercios; y será todo el mes de enero la otra prórroga para ir supervisando los negocios", dijo la diputada local Julieta Mejía, impulsora, junto con el gobernador Antonio Echevarría, de esta ley.
En el mes de junio de 2019 fue reformada la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, para que distintos establecimientos dejarán de ofrecer bolsas de plástico, popotes y envases de unicel a sus clientes; pero debido a la pandemia se prorrogó por 18 meses y ahora planean su aplicación de modo flexible por las condiciones de la pandemia por COVID-19.
Sin embargo, la diputada Mejía afirmó que junto con la crisis sanitaria se agravó el uso de desechables, por lo que reforzarán campañas de concientización para utilizar cuando menos materiales biodegradables o compostables.
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"Hemos firmado convenios, incluso antes de que fuera ley, con empresarios, hoteleros y restauranteros, principalmente de Bahía de Banderas, que renunciaron a estos productos y ahora estamos esperando que con la entrada en vigor de una ley similar en la Ciudad de México, baje el costo de esos productos", expuso.
También admitió que hasta el momento no existe una estrategia para el desecho adecuado de los materiales compostables o biodegradables en los 20 municipios del estado.
"Estos materiales biodegradables o compostables son menos dañinos al ambiente que los de un solo uso como el unicel, pero aún no hay esta forma de separarlos y estamos trabajando ley de residuos sólidos ya que todo llega de la misma forma a los tiraderos o rellenos sanitarios, pero de alguna manera ayudan porque se degradan fácilmente", reconoció.
Finalmente, la diputada dijo que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) definirá las multas o sanciones que deberán imponerse aunque estas dependerán de la gravedad de la infracción, del giro comercial y otras características; pero podrán basarse en el Artículo 253 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que prevé apercibimientos, suspensión de permisos, multas de 20 a 50 mil veces la UMA, o arrestos administrativos por 36 horas.
Por: Karina Cancino