Los descuentos que aplicaron los municipios este 2020 deberán analizarse bajo una perspectiva de derechos humanos que permita sostenerlos también durante el 2021 debido a que la economía de las familias jaliscienses continuará siendo precaria como efecto de la pandemia de COVID-19, por eso la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) se pronunció para que se considere esta acción.
Ante la incertidumbre económica que aún deberán enfrentar las familias, se pide que para el ejercicio fiscal 2021, programas de ayuda económica y otorgamientos de subsidios, dirigidos a los sectores con mayor vulnerabilidad económica y afectados por la crisis de la pandemia se sostengan debido a que cualquier intento por incrementar los impuestos, sería una acción desproporcionada e inequitativa que, en el contexto de esta pandemia por COVID-19, afectaría el ingreso económico requerido como mínimo vital para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas, traduciéndose en una violación al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en consecuencia, en una transgresión a los derechos humanos.
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Adicionalmente, el Consejo Ciudadano de este organismo señaló que también se deberían adoptar medidas de apoyo para la pronta recuperación económica que permita facilidades administrativas, estímulos fiscales y previsiones económicas adecuadas.
Prácticamente los 125 municipios de Jalisco implementaron descuentos de hasta 75 por ciento en multas y recargos en el impuesto predial y agua potable durante este 2020.
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Por: Mayeli Mariscal
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